Según el legislador Jesús Manuel Ortiz, el guardia penal que asesinó a tres personas y se suicidó, había tenido otro incidente en su trabajo en la Cárcel de Guayama.

El caso más reciente de violencia que ha conmocionado al país, en el que un guardia penal asesinó el miércoles en la noche a tres personas -dos ellas compañeros de trabajo -y se suicidó el viernes en la mañana mientras negociaba con la Policía su entrega, debe investigarse desde diferentes ángulos.

Así lo afirmaron el representante popular Jesús Manuel Ortiz y el candidato a la Cámara por esa colectividad Héctor Ferrer, hijo al solicitar una investigación interna de los tratamientos psicológicos que ofrece el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a los oficiales de custodia.

La policía confirmó el viernes en la mañana que el guardia correccional Pedro Montes Collazo se suicidó luego de aceptar entregarse a la Policía tras cometer tres asesinatos la noche del miércoles. Montes Collazo se suicidó en un área boscosa entre Maunabo y Patillas donde se había internado desde la noche de los hechos.

El hombre primero le disparó a una mujer en Santa Isabel, identificada como Marilyn Reyes Ayala, quien era trabajadora social en la cárcel de Guayama. El asesinato se ejecutó en los predios de un restaurante -identificado como El Platanal-. El guardia penal entonces regresó a su trabajo en la cárcel de Guayama donde asesinó a su compañero de trabajo Alvin Rafael Sugrañes Lebrón, de 37 años. Luego se marchó y asesinó, a eso de las 9:30 pm, a otra mujer en Patillas, identificada como Jaimette Sánchez Ledee, a quien le realizó varios disparos en su residencia, en la urbanización Valles de Providencia.

“Esta tragedia hace meritorio que se evalúe la calidad y disponibilidad de servicios psicológicos para sus oficiales y empleados que trabajan bajo tensión y en malas condiciones laborales. Cuando tienes oficiales trabajando 16 horas, lejos de su casa, compensados de manera inadecuada y en circunstancias en riesgo, es responsabilidad de la agencia tener accesible servicios de ayuda emocional para su personal”, dijo Ortiz.

Ortiz basa su alegación en una información que recibió de que pudo haber mal manejo de parte del DCR en incidentes previos que involucran al oficial responsable de estas muertes.

“La información que hemos recibido apunta a que esta tragedia tiene su raíz hace algún tiempo. Estamos recibiendo documentación que señala que este oficial de custodia había sido protagonista en otro incidente en su lugar de trabajo, lo que provocó que se le despojara de su arma de reglamento. Estos primeros datos hacen necesario que el secretario del DCR explique el protocolo utilizado y el manejo que su agencia le dio antes de este trágico desenlace”, agregó el legislador.

Mientras, Ferrer expresó que “el DCR tiene que dar cuentas para que el país conozca como atienden situaciones como esta y cual es el protocolo de acción de la agencia para prevenir eventos trágicos como el que sucedió en este caso”.