Durante la intervención, las personas que estaban en la embarcación lanzaron los fardos de cocaína al agua.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer y el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera informaron que agentes de la División Marítima de Cabo Rojo del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) incautaron, al suroeste de la Isla de Desecheo, 323 bloques de cocaína con peso de 393.1 kilos, valorados en más de ocho millones de dólares.

“Una vez más, el personal de FURA realiza un excelente trabajo en la lucha contra el narcotráfico. En el DSP continuamos enfocados en erradicar los elementos ilegales que abonan a la violencia y el crimen en nuestras calles, tal como ha sido el compromiso de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y este servidor”, manifestó el Secretario.

La intervención ocurrió aproximadamente a las 12:30 de la madrugada y se trabajó en coordinación con la Oficina Federal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Los agentes divisaron una embarcación de fabricación casera, color azul de 19 pies de eslora con un motor 75 caballos de fuerza.

En la embarcación se encontraban cinco individuos que arrojaron fardos de sustancias controladas al agua.

Los sujetos, procedentes de la República Dominicana, fueron arrestados.

“El personal del FURA realizó esta intervención de acuerdo a los protocolos establecidos. Reconozco el compromiso y la responsabilidad con la que cada uno de los compañeros realiza sus funciones. El plan de trabajo contra el narcotráfico continúa activo y permanecemos vigilantes. Recordamos a la ciudadanía que puede informar confidencialmente cualquier situación que entienda sea parte de la comisión de un delito llamando al (787) 343-2020", añadió Escalera Rivera.

La droga contabilizada sumó un total de 323 bloques de cocaína y fue valorada en $8,075,000. En la intervención brindó cooperación el personal de la Administración Federal para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Las autoridades federales, a través del Caribbean Corridor Strike Force (CCSF), asumieron la jurisdicción del caso.