Hasta el 1 de octubre, la Policía contaba con 76 personas desaparecidas.

El comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera, así como el teniente coronel Rolando Trinidad, explicaron que, de los 11,468 agentes activos en la Uniformada, solo 30 están asignados a atender los casos de personas desaparecidas.

O sea, un 0.26% del total de policías está encargado en primera instancia de una carga de trabajo que hasta el 1 de octubre había alcanzado 743 personas desaparecidas. La sección policíaca que se dedica a la investigación de las desapariciones está dentro de la División de Homicidios, que además investiga asesinatos, secuestros y agresiones agravadas.

El total consiste de al menos dos agentes asignados a cada una de las 13 regiones policíacas y pudiera contar con la colaboración de más agentes a base de la necesidad que presenten los casos.

“Eso no quiere decir que si un caso requiere que se inyecte más personal para hacer una búsqueda en coordinación con manejo de emergencias, K-9, helicópteros, que se hace a menudo… se utilizan los recursos que sean necesarios para hacerlo”, aclaró Trinidad.

Hasta el 1 de octubre, la Policía contaba con 76 personas desaparecidas, cifra que capturó la atención de la Cámara de Representantes, entidad que radicó la Resolución 59 para investigar estos sucesos. En septiembre, desaparecieron 19 mujeres y 23 menores de edad, en el marco de la discusión para decretar un estado de emergencia por la violencia de género.

Ante la Comisión de Seguridad Pública, Escalera Rivera presentó estadísticas hasta el 1 de octubre entre los años 2018, 2019 y 2020.

El Comisionado no fue claro si recomendaría que se decrete un estado de emergencia a estos fines, pero indicó que los números de desapariciones y de querellas por violación a la Ley de violencia doméstica son menores que los registrados en años anteriores. No obstante, acataría la determinación de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, quien alegó que contaba con un borrador de una Orden Ejecutiva para atender la violencia contra la mujer.

Según los datos:

Desapariciones menores y adultos

Menores y adultos localizados

Basado en esos números, en el 2018 quedaron sin localizar 163 personas, mientras que en el 2019 fueron 118 y, en lo que va del 2020, un total de 76.

“La ciudadanía no tiene 24, 48 horas para ir a la Policía a reportar una desaparición. Hágalo de manera inmediata y entonces el Policía, con su experiencia y conocimiento determina si es una persona desaparecida o no”, expresó Trinidad.

Durante la vista, y ante preguntas de los representantes Félix Lasalle Toro y Jesús Manuel Ortiz González, el Comisionado de la Policía aclaró que las estadísticas presentadas no contienen el cúmulo de los años anteriores. Es decir, técnicamente hay 357 personas perdidas desde el 2018 hasta el 1 de octubre del año en curso.

Para lidiar con un caso de una persona desaparecida, la Policía se rige por la Orden General 614, que establece las normas y procedimientos a seguir. Su última revisión fue el 28 de septiembre de 2020.

La revisión surgió esa fecha para añadir la activación de la Alerta Rosa, cuyo protocolo fue firmado ese día, pese a que su ley orgánica se firmó el 2 de octubre de 2019.

Antes de cerrar la vista, el representante Ortiz González, solicitó datos a la Policía sobre el conteo de agentes asignados a la división de personas desaparecidas en los pasados cinco años, además de las edades de los casi 100 menores que todavía no han sido localizados y el número de agentes que tienen señalamientos de violencia de género. En ese particular, preguntó desde hace cuánto son esas querellas.

La licenciada Vega Soto respondió que “al amparo de la Reforma de la policía, al primer incidente de violencia doméstica de un agente es expulsión. Es cero tolerancia a la violencia doméstica. En 90 días se tiene que haber terminado la investigación y adjudicación”.

No obstante, el representante popular insistió sobre la necesidad de esos datos, porque le consta la existencia de casos en que la Reforma de la policía es ignorada.

En la vista anterior ante esta comisión cameral, la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, dio a entender que su comunicación con la Policía se limitaba a Aymee Alvarado Cardona.

Durante la vista del jueves, Alvarado Cardona explicó que era la coordinadora de violencia doméstica en la Policía, así que era su trabajo servir de enlace entre la Procuradora y todas las agencias.

Alvarado Cardona añadió que de ordinario formaba parte de reuniones de un comité convocado por la Oficina de Administración de los Tribunales cada tres meses, “y ahora mucho más para trabajar lo de la pandemia. En la reunión participa Salud, Corrección, Policía, Familia, Fiscalía de Justicia, todos los componentes, para mantener comunicación” y “en ocasiones” la Oficina de la Procuradora de la Mujer.

Escalera Rivera, por su parte, defendió que “sobre este y otros temas” se ha reunido “como cinco veces” con Boria Vizcarrondo.