La conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores por tercer año en Puerto Rico resultó en una manifestación sin incidentes de uso excesivo de fuerza -contrario a años anteriores-, en gran medida por los preparativos días previos por parte del Negociado de la Policía (NPPR) y el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

El llamado Paro Nacional sirvió además para poner en vitrina la reacción del Estado a la manifestación de multitudes opositoras a las medidas del gobierno, en forma de recortes a las pensiones y a la Universidad de Puerto Rico (UPR), el cierre de escuelas y el pago de la deuda a costa de los servicios esenciales del país.

En esta edición, el liderato de la Policía estuvo a cargo de Henry Escalera, mientras que el DSP estrenó secretario con el capitán Elmer Román González. Es el primer año sin el saliente Hector Pesquera a las riendas de la agencia. Asimismo, aunque se hicieron amagues, los miembros de la Uniformada no lanzaron gases pimienta ni lacrimógenos a los participantes por primera vez y no se materializaron llamados a la confrontación.

No obstante, hubo forcejeos entre policías y manifestantes, incluyendo los primeros enfrentamientos frente al edificio de Liberty y los que sucedieron en la tarde en la Milla de Oro. Estos encuentros fueron observados por personal de la Oficina del Asesor de Cumplimiento Tecnico de la Reforma Policial, incluyendo al monitor Arnaldo Claudio. A diferencia de los últimos dos años, tambien se emitieron al menos tres avisos a los manifestantes para dispersar, en cumplimiento con los acuerdos de la reforma.

Este año, a altas horas de la noche del martes, la Policía cerró el acceso vehicular a una porción de la avenida donde se esperaban manifestantes el próximo día para la instalación de vallas de plástico rellenas de agua y estableció un 'perímetro'. Un ejercicio de limitación que el derecho constitucional le concede a la Policía ya que el derecho a expresión en las áreas públicas no es irrestricto, pero que los manifestantes consideraron una limitación indebida de derechos.

'El primer elemento que debe tener una democracia en este país es que el pueblo pueda expresarse en las calles libremente y sin condiciones de espacios y lugares. Desde ayer el Gobierno de Puerto Rico comenzó una campaña de terror para llevar el mensaje al pueblo de que en este día primero de mayo la Policía iba a impedir el acceso a transitar por el corazón de la Milla de Oro', criticó Ricardo Santos Ortiz, de la Jornada Se Acabaron Las Promesas.

Además, el gran despliegue de vallas rellenas de agua instaladas desde anoche redujo las formaciones de agentes que en años anteriores sirvieron de cerco para impedir el paso.

'Al obtener las vallas nos garantiza a nosotros el que no haya un enfrentamiento entre los manifestantes y nuestros agentes porque hay un perímetro establecido... este tipo de vallas es muy útil para que no tengamos que tener un enfrentamiento entre persona y persona, que son nuestros agentes y los manifestantes', reconoció el comandante Guillermo Rivera, a cargo del área de las manifestaciones.

No fue hasta horas de la mañana de hoy que se logró un acuerdo entre policías y manifestantes en cuanto a la ubicación de la tarima de los grupos que realizaron la convocatoria. En la práctica, la tarima fue posicionada a una distancia considerable de las vallas y la presencia inmensa de la Policía, quienes custodiaban el Banco Popular.

Esto se suma a que durante el año, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el comisionado Escalera han entregado equipo a los miembros de la Uniformada que fue estrenado hoy.

Desde casi un mes antes de la protesta --el 30 de marzo-- el comisionado Escalera entregó una gran cantidad de equipo táctico para la División de Operaciones Tácticas (DOT). Ese equipo incluyó 1,000 cascos antidisturbios, 174 protectores para la parte superior del cuerpo y hombros, 174 protectores de antebrazos, 174 'hard shell', 118 guantes antidisturbios, 200 sistemas de hidratación, 100 escudos y 250 porta batón, a un costo total de $254,525.20.

Para la licenciada y activista de derechos civiles, Mariana Nogales, los equipos y cantidad de agentes demuestran un 'despligue excesivo desde ayer para crear una percepción de peligro con la intención de reprimir la libertad de expresión'.

En horas de la madrugada, Rosselló Nevares visitó a miembros de la Uniformada para expresarles 'el apoyo de la administración a la gestión de hoy'. Más tarde, felicitó a la Policía por su desempeño que 'garantizó el derecho a la libre expresión', aunque en la práctica ese derecho se vio limitado por el Estado mismo.

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El conjunto de estas medidas parecieron suficientes para tener un efecto paralizante (''chilling effect'') entre los manifestantes y la ciudadanía que participaría del Paro Nacional, protagonizado hoy por una participación claramente menor a otros años.

Al cierre de la manifestación, portavoces de distintos grupos catalogaron el encuentro como exitoso. No obstante, como fue el caso de la Jornada Se Acabaron las Promesas (JSAP), reprocharon las medidas tomadas por el Estado para limitar el derecho a la protesta a un espacio reducido y posteriormente, en rueda de prensa desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), confirmaron la existencia de un 'chilling effect'.

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Distinto a los últimos dos años, JSAP desistió de sus intentos en penetrar los perímetros de la Policía. En su lugar, el llamado por los organizadores del evento era a retirarse 'juntas y juntos para que nadie se quede solo', ante la desconfianza con la Uniformada.

Los últimos dos años hubo arrestos notorios, tal como el de Nina Droz Franco en el 2017, efectuado por las autoridades federales y que resultó en su convicción. En el 2018, por ejemplo, la Policía tambien intentó demarcar las áreas de protesta pero los esfuerzos -según se notó- no fueron tan exitosos como hoy, miercoles. Ese mismo año, uno de los momentos más intensos de la jornada fue cuando la Policía resolvió con el tiro de gases lacrimógenos dispersar las multitudes. Incluso, el acecho contra los manifestantes se extendió por toda la avenida Muñoz Rivera hasta insertarse en la comunidad Santa Rita, Río Piedras, donde los oficiales efectuaron arrestos en hogares de jóvenes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Esta misma semana, esos jóvenes fueron exonerados de las imputaciones en su contra, pero el Estado adelantó que insistirá imponer su versión mediante una vista en alzada.

Hoy, los arrestos se limitaron a un hombre vestido de Spider-Man, quien fue liberado horas despues con una recomendación de Fiscalía para no someterle cargos, y una mujer quien cruzó el perímetro establecido frente al edificio Liberty, y quien fue citada para una fecha posterior.