Recomendaciones se incluirían en el Plan Fiscal, lo que las haría obligatorias para el gobierno que incluyen aumentos en peajes que no ocurren desde 2005

La Junta de Control Fiscal (JCF) impulsa cambios totales en el manejo de la transportación pública para maximizar obtención de fondos federales, inversión privada, acercar las fábricas a los puertos y aeropuertos y conseguir la integración de Tren Urbano con pisicorres.

El plan ha sido poco discutido a nivel público, pero está contenido en una carta al Gobernador y el liderato legislativo el 29 de enero y el gobierno tiene 90 días para responder. El ente fiscal adelantó que el plan se integraría en la próxima revisión del Plan Fiscal como una reforma estructural, lo cual la haría obligatoria para el aparato gubernamental. Sin embargo, hasta ahora la Junta ha tenido poco éxito en conseguir que las reformas del Plan Fiscal se lleven a cabo. La carta anticipa la posibilidad de aumentos de peaje en las carreteras públicas ya que critica el que las cantidades no se hayan ajustado desde 2005.

Como parte de la reforma, todas las entidades públicas que tienen que ver con transportación quedarían consolidadas en tres agencias con enfoque específico: una para carreteras sin peajes, una en carreteras con peajes y otra en transportación masiva. Se reformularía la Junta Asesora de Transportación, que ya existe en ley, para que sea una junta independiente de Política de Transportación con el poder de diseñar y establecer una política de transporte para toda la isla. Establecería juntas de directores independientes, no de directores que representan agencias de gobierno, para forma de transporte y debería maximizar el financiamiento público y privado.

Las recomendaciones se basan en experiencias en ciudades latinoamericanas y estadounidenses y parten de un modelo urbano y suburbano. McKinsey & Company, el controvertible asesor principal de la JCF, ha propulsado algunas de las soluciones desde al menos 2018 en su McKinsey Global Institute, como el modelo Bogotá que integra pisicorres con métodos de transportación masiva.

Las metas serían "reducir la congestión vehicular, aumentar el acceso de los ciudadanos a transportación multimodal, mejorar la gobernanza de las entidades de transporte, mejorar la sustentabilidad financiera de las agencias de transporte público y promover crecimiento y desarrollo económico".

En Puerto Rico, la Autoridad de Carretera y Transportación (ACT) tiene a su cargo 185.6 millas de carreteras con peaje y 986 millas de carreteras sin pejae; el Tren Urbano abarca 10.7 millas y 16 estaciones; la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) atiende tres rutas de lanchas (con 14 embarcaciones) y 23 rutas de guagua con 178 vehículos; y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) es responsable de otras 13,754 millas de carreteras sin peaje.

Esta mezcla de entidades con distintas fuentes de financiamiento y que se cruzan en los tipos de transporte que manejan se presenta en el plan de la JCF como el origen de los problemas y el modelo a deshacer para que todas las responsabilidades de transportación pública queden consolidadas en tres agencias: carreteras sin peaje, carreteras con peaje y transportación masiva (tren, guaguas y lanchas).

Los criterios que se usan para criticar el estado actual de la transportación masiva son: solo 7% de los residentes del Área Metro pueden caminar hasta un punto de acceso de transportación masiva; las principales fábricas de la isla están a entre 30 a 55 minutos del punto de trasbordo más cercano; las muertes en las carreteras son 80% más que el promedio en Estados Unidos; San Juan tiene el séptimo lugar de más tiempo en el tapón (31.2 minutos) de las ciudades en Estados Unidos; los choferes pierden 58 horas al año a un costo de $1,274 por chofer y $400 millones en productividad perdida para el municipio; solo 4% de las carreteras secundarias y terciarias están en buena condición comparado con 57% en Estados Unidos; el Tren Urbano solo recupera el 9% de sus gastos en la tarifa y su uso actual representa una sobreestimación de entre 60 y 70% comparado con lo que se proyectaba cuando se construyó, además de que sus máquinas de boletos están obsoletas y no han sido arregladas a pesar de la disponibilidad de una asignación de $170 millones para ello; y Puerto Rico recibe 90% menos de fondos federales para carreteras de los que debería recibir basado en el tamaño de su población, si recibiera una asignación proporcional, serían $1,500 millones en los próximos 30 años.

El señalamiento no es solo a aumentar la cantidad de fondos federales para transportación, sino también a incluir el sector en las gestiones de inversión privada del gobierno ya que, de las 10 alianzas público privadas que están en desarrollo, representando $1,000 millones en inversión privada, ninguno impacta el sector de transportación, según la carta.

Para ver la carta, pulse aquí.