Se espera que la falta de energía eléctrica vuelva a incidir sobre las muertes que se certifican como indirectamente relacionadas con el huracán.

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) tiene bajo evaluación ocho muertes que podrían estar relacionadas al impacto del huracán Fiona en la isla, pero el Registro Demográfico del Departamento de Salud (RD) no tiene todavía ninguna muerte contada como relacionada con el fenómeno atmosférico, dijeron ayer las jefas de ambas dependencias.

La patóloga María Conte Miller, del ICF, y la licenciada Wanda Llovet Díaz, del RD, se expresaron esperanzadas en que el trabajo de educación a la clase médica que se realiza desde el 2019 sobre cómo llenar certificados de defunción, especialmente cuando se registran muertes antes, durante o después de un evento atmosférico, sea suficiente para evitar las deficiencias que ocurrieron después del huracán María, cuando el Centro de Periodismo Investigativo probó que las estadísticas de muerte oficiales estaban muy por debajo de la realidad.

Esto fue resultado de varios factores, incluyendo la falta de un protocolo para certificar las muertes relacionadas indirectamente con el huracán, la dificultad de acceder a las autoridades para reportar muertes ocurridas en residencias, y el que no se aquilataran correctamente miles de muertes que ocurrieron después del evento y que resultaron por la falta del servicio de energía eléctrica y de cuidado médico.

En esta ocasión, las funcionarias aseguraron que no han conocido de hospitales o centros de salud que hayan tenido que suspender el cuidado a pacientes de manera prolongada ni han tenido problemas de comunicación con proveedores de servicios funerarios. Lo que está ocurriendo es un poco de rezago en la entrada de datos al RD por el cierre parcial de operaciones y también se está repitiendo que la falta de energía vuelve a incidir en las muertes indirectas que podrían adjudicarse al huracán.

De las ocho muertes bajo evaluación, solo una sería como resultado directo y otras siete serían indirectas. De las indirectas, tres casos están relacionados con la falta de energía eléctrica. "El asunto de muertes indirectas está directamente relacionado con la falta del servicio eléctrico, eso no es un secreto", acotó la patóloga.

La directa sería la de Gilberto Ayala Aponte, de 58 años, arrastrado el lunes por aguas del río La Plata. Bajo los criterios del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), que el gobierno de Puerto Rico aplica, una muerte directa es la "atribuible a las fuerzas del desastre o por las consecuencias directas de estas fuerzas".

Las indirectas serían una persona que se cayó en su hogar de San Lorenzo a oscuras por falta de energía, una persona que sufrió quemaduras en Arecibo mientras manejaba su planta eléctrica, otra que fue electrocutada en San Juan en circunstancias similares, un hombre de 77 años que murió el sábado tras llegar a un refugio en Culebra, y una mujer de 88 años cuando sufrió un fallo respiratorio en un refugio en Mayagüez.

También, un niño de cuatro meses residente de Aibonito murió en Aguas Buenas después de que comenzara a vomitar, su madre no pudo llegar al centro de salud más cercano, y luego volvió a aventurarse a salir hasta llegar a Aguas Buenas.

Conte Miller admitió que otra muerte que podría quedar atribuida indirectamente a Fiona es la de Augusto Romero Pérez, un hombre a quien su primo asesinó a balazos el lunes en el barrio París en Lajas por una disputa sobre los escombros que dejó la tormenta.

El criterio para una muerte "indirectamente relacionada" es "cuando las condiciones inseguras o insalubres están presentes durante cualquier fase de un desastre y contribuyó a una muerte". Por la amplitud de esta definición, no hay una fecha límite para registrar muertes indirectas. Las consecuencias de estas condiciones en la salud de una persona pueden aflorar meses o hasta años después del desastre. Por lo general, la fecha para comenzar a adjudicar muertes a un fenómeno atmosférico es cuando el Servicio Nacional de Meteorología emite el aviso de vigilancia sobre el fenómeno.

Cuando la muerte es resultado de violencia o el cuerpo muestra señales de trauma, van por ley al ICF y allí sus patólogos hacen la adjudicación de la causa. Pero cuando no tiene estas circunstancias, son médicos los que evalúan las condiciones y adjudican causas en el certificado de defunción. El ICF solo puede servir de filtro a esas evaluaciones cuando se quiere cremar el cuerpo, lo cual requiere un permiso de parte del instituto que se emite después de que los patólogos analizan el certificado médico.

Esto significa que, en la mayoría de las muertes, el criterio médico es el único que determina si la muerte va a ser atribuida al huracán. Por esto, las funcionarias recordaron a los médicos y hospitales de la importancia de que consignen en los documentos todas las circunstancias que conozcan sobre las muertes y se mostraron confiadas en que un proceso educativo que se inició en 2019, a raíz de las deficiencias estructurales que quedaron evidenciadas tras María, haya sido suficiente para que la evaluación de muertes por el impacto de Fiona sea más certera.

Según el RD, en 2019 hubo un adiestramiento presencial a unos 330 médicos y profesionales que, a su vez, adiestrarían a otros profesionales del sector. Además, desde 2020, es compulsorio como parte del licenciamiento de los médicos tomar un curso sobre el certificado de defunción. Este curso es en línea y lo administran las cinco escuelas de medicina en el país y el Colegio de Médicos y Médicos Cirujanos.

"La universidad no enseña a llenar un certificado de defunción", comentó Llovet Díaz al precisar que, hasta agosto de 2022, 10,206 personas identificadas como profesionales de la medicina tomaron el curso. De estos, 116 eran estudiantes. Además, otras 4,483 personas que no se identificaron como parte de la profesión médica también lo tomaron. Según el Colegio, hay 9,105 médicos activos en Puerto Rico.

Para las funcionarias, el procesamiento de los certificados de defunción durante los últimos dos años de pandemia del covid-19 también es evidencia de que están superados los problemas que hubo en María.

Conte Miller añadió que desde el 15 de febrero pasado, los hospitales también tienen que llenar un formulario, aparte del certificado de defunción, antes de poder referir un cadáver al ICF para que un patólogo evalúe si es un caso médico legal que activa la jurisdicción de la agencia, o si no lo es.

"Somos registro, no podemos adjudicar muertes a causas de muerte que no están certificadas por un médico", defendió Llovet Díaz.