Los hallazgos indican que las perjudicadas tienen una edad promedio de 36.3 años.

Un estudio preliminar realizado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y el Departamento de Justicia reveló que una de cada cuatro mujeres querellantes en casos de violencia doméstica enfrenta un nivel de peligrosidad severo o extremo de ser asesinada por su pareja o expareja, trascendió el jueves.

El análisis, basado en 2,021 casos registrados entre enero y junio de 2024, se desprende de la Evaluación de Riesgo (Danger Assessment) que los fiscales han comenzado a utilizar durante la investigación criminal.

“Estos datos no solo representan una fotografía de la realidad, sino que son el resultado de un proceso riguroso de análisis estadístico liderado por el Instituto de Estadísticas, en el cual se validaron las hojas de evaluación de riesgo, se integraron a una base de datos centralizada y se realizaron los análisis necesarios para identificar los factores de riesgo más críticos”, afirmó el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, doctor Orville Disdier Flores en declaraciones escritas.

Los hallazgos indican que las perjudicadas tienen una edad promedio de 36.3 años, con el 62.1% entre 20 y 39 años. Además, las mujeres con peligrosidad severa o extrema tienen casi 13 veces más probabilidades de haber sido atacadas o amenazadas con un arma. El 79.1% de las víctimas con dicho nivel de riesgo teme que su pareja o expareja pueda matarla.

“Estos datos no son solo números, son un llamado urgente a la acción conjunta para reforzar las estrategias de prevención, protección y justicia para las víctimas de violencia doméstica”, enfatizó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández. “Este informe preliminar nos brinda una ruta de acción para identificar áreas que se deben reforzar en la lucha para erradicar la violencia doméstica”, agregó.

En cuanto a la utilidad de la evaluación, la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, señaló: “El análisis de la Evaluación de Riesgo permite que los fiscales tomen determinaciones con mayor certeza y puedan insertarse en los esfuerzos de prevención. A su vez, contribuye a que puedan orientar a las víctimas y canalizar las ayudas y servicios que estas requieran, incluyendo medidas de seguridad”.

Entre los municipios con mayores tasas ajustadas de peligrosidad severa o extrema se encuentran Barranquitas, Salinas y Patillas.

Por su parte, la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Departamento de Justicia, afirmó que “como sociedad, no podemos permitir que el miedo y la violencia sigan marcando la vida de tantas mujeres. Sin embargo, este esfuerzo no puede recaer únicamente en las instituciones gubernamentales. Es fundamental la colaboración activa de las comunidades para identificar riesgos, ofrecer apoyo a las víctimas y promover una cultura de respeto”.

Ante estos hallazgos, el Instituto de Estadísticas y el Departamento de Justicia coincidieron en la importancia de dar continuidad a la recolección y análisis de datos, así como en el desarrollo de intervenciones más focalizadas y efectivas. El secretario de Justicia comentó además que estos datos permitirán identificar las zonas y poblaciones más vulnerables, mientras que las agencias de ley y orden podrán reforzar su respuesta, mejorar las capacitaciones y diseñar nuevas campañas de prevención y educación.

“Este proceso, que incluyó la validación y el análisis detallado de las hojas de evaluación de riesgo, es fundamental para generar información confiable que sirva de base para el diseño de estrategias de prevención y protección más efectivas. Estos hallazgos nos llaman a actuar con urgencia para priorizar los casos de alto riesgo y garantizar la seguridad de las víctimas”, concluyó la subdirectora Ejecutiva del Instituto de Estadísticas, doctora Idania Rodríguez Ayuso.