Tanto en el sistema de justicia estatal como en el federal, pero especialmente en el ámbito laboral, indultar a las personas que tienen convicción por posesión de marihuana va más allá de una excarcelación.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia utilizó ayer el dato de que no había ninguna persona encarcelada por posesión simple de marihuana para fundamentar su posición de que no va a seguir el ejemplo del presidente Joseph Biden, quien emitió un indulto general para las personas convictas a nivel federal por posesión de marihuana y exhortó a los gobernadores a que hicieran lo mismo con los convictos a nivel estatal.

Pero el impacto principal de un indulto a los convictos por posesión simple de marihuana no se mide por cuántas personas salen de la cárcel, ya que es un delito que rara vez conlleva sentencia de cárcel. El impacto sería en limpiar el récord de miles de personas a los que, por tener esa condena, se les dificulta el acceso a empleos públicos y privados, licencias profesionales, ayuda financiera estudiantil, programas de vivienda, ser electos al servicio público y enfrentan otras restricciones sociales.

En esto coincidieron expertos en los sistemas de justicia criminal tanto estatales como federales con los que NotiCel conversó.

De hecho, Casa Blanca admitió que no hay nadie encarcelado en una prisión federal por posesión simple, distinto a posesión para distribución lo que lo convierte en un delito de narcotráfico mayor. Para Biden, lo importante es que "los récords criminales por posesión de marihuana han impuesto barreras innecesarias a oportunidades laborales, de vivienda y educativas". "Y, aunque la gente blanca, negra y marrón usan marihuana en proporciones similares, la gente negra y marrón ha sido arrestada, procesada y sentenciada a niveles desproporcionados", añadió. Casa Blanca precisó que el indulto impactaría a unas 6,500 personas que fueron convictos entre 1992 y 2021.

Otra parte del anuncio federal es que ordenó a los secretarios de Justicia y Salud federal a revisar si la marihuana debe mantenerse en la lista de sustancias controladas incluidas en el "Schedule I" de la Ley de Sustancias Controladas, que es la lista en la que están drogas prohibidas, distinto a otras listas que no son de drogas prohibidas sino con algún tipo de control. Ese cambio también influenciaría directamente las leyes en todos los estados y territorios.

"Pienso que es una movida positiva que marca un desarrollo firme y consistente hacia la despenalización de la marihuana para uso personal", reaccionó Leonardo Aldridge Kontos, abogado en el foro federal que también tuvo experiencia en la Oficina del Defensor Público en esa esfera. "A un mes de las elecciones, el presidente Biden busca consolidar el voto liberal y electrificar a masas demócratas y liberales que usualmente no salen a votar en elecciones de medio término", dijo sobre los aspectos político partidistas del anuncio.

"Es tremenda noticia... lo que está haciendo Biden es borrar de la realidad jurídica esa condena. Es como si no hubieras estado convicto y, si estás encarcelado, conlleva la inmediata excarcelación. Hace muy bien el Presidente de entender que hubo mucha gente presa que, después, no tiene acceso a mercados laborales por esa condena", explicó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, y profesor de Derecho Penal, Julio Fontanet Maldonado.

Un indulto borra el récord criminal, pero una clemencia no, observó al distinguir la importancia de que lo que hiciera Biden fuera indultar. Al rechazar el llamado de Biden a los gobernadores, Pierluisi Urrutia mantiene la posibilidad de que lo que se emitan a nivel estatal sean clemencias y no indultos.

Recordó también que, si Pierluisi Urrutia hiciera lo mismo que Biden, los beneficiados serían personas que tienen condenas por ese delito hace tiempo porque, más recientemente, el procesamiento de estos casos se había minimizado por una orden ejecutiva del exgobernador Alejandro García Padilla que sigue vigente y porque la Policía había entendido que era mejor asignar recursos a crímenes violentos.

García Padilla emitió dos órdenes ejecutivas que impactan la posesión de marihuana y que, según el récord del Departamento de Estado, no fueron revocadas por gobernadores subsiguientes. Mediante la orden 35 de 2015 estableció que "procesar criminalmente a personas por posesión de marihuana para uso personal con el objetivo de que cumplan pena de cárcel estará en el nivel de prioridad más bajo de la asignación de recursos" por parte del Secretario de Justicia y mediante la orden 45 de 2016 instruyó a las dependencias del Ejecutivo a enmendar sus reglamentos sobre las pruebas de detección de sustancias controladas para excluir la marihuana de las sustancias cuyo uso se intenta identificar.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico indicó que no es su "política pública" procesar por mera posesión, sino que están enfocados en "atacar la venta y distribución de sustancias controladas, cuyo esquema criminal afecta la paz y seguridad de nuestra comunidades".

Pero el Defensor Público Federal, Eric Vos, resaltó que una sentencia por posesión simple de marihuana puede afectar grandemente a la persona que está siendo procesada a nivel federal por otro delito.

"El historial criminal es extremadamente importante cuando se está siendo procesado por conducta nueva. Alguien que ha cometido un delito relativamente menor, puede ver su sentencia federal aumentar significativamente por esos procesamientos previos de una conducta, la posesión de marihuana, que ahora es una conducta legal", explicó. Y, aunque la fiscalía federal no procesa por posesión, hay puertorriqueños que fueron procesados por posesión en algún estado y cuando regresan a la isla, tienen un récord criminal que les afecta cualquier procesamiento federal que ocurra después.

Recordó también que todavía los oficiales federales de probatoria solicitan a los tribunales la revocación de la libertad supervisada si la persona arroja positivo a marihuana en una prueba de detección de drogas. "Hay hombres y mujeres que los sacan de las calles mientras están bajo supervisión y son reencarcelados por lo que ahora el Presidente dice que nunca debió haber sido criminalizado, la posesión de marihuana", apuntó.

"Es casi una forma de apartheid", declaró sobre el efecto de las condenas por posesión de marihuana.

Vea:

Pierluisi no emitirá Orden Ejecutiva para indultar por uso de marihuana, pero evaluará "caso a caso"