Las comunidades denuncian que ODSEC, la agencia creada para atenderlas, ideó un reglamento que atenta contra sus procesos organizativos.

Líderes y organizaciones comunitarias exhortaron a que los candidatos a la gobernación incluyan en sus agendas de gobierno a las cientos de comunidades especiales de Puerto Rico que se encuentran actualmente en un “limbo jurídico”.

Plantean que esto se debe a que la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), agencia gubernamental que se supone les atienda, no les integró ni escuchó en los procesos de creación del Reglamento 9533, el cual impone en las comunidades la visión del gobierno sobre cómo deben organizarse, potencialmente impactando su habilidad de acceso a servicios y recursos económicos.

“Nos han quitado derechos a las comunidades especiales. Se habla de una democracia que en ese nuevo reglamento la asesinaron. Quieren escoger entre los alcaldes y la directora de ODSEC a los líderes comunitarios y eso es horrible”, expresó Jannette Lozada Sabastro, experimentada líder comunitaria de Valle Hill, en Canóvanas.

Al igual que Lozada, líderes comunitarios y portavoces de la organización sin fines de lucro Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA Inc.) denunciaron cómo la ODSEC les impuso el Reglamento para el Establecimiento de Juntas Comunitarios, Reglamento 9533, el cual califican como un atropello. Ante esto están requiriendo, mediante un manifiesto colectivo, que se derogue ese reglamento y se promueva la autogestión comunitaria y la colaboración con las comunidades, en lugar de esta imposición.

“Han dejado en un limbo jurídico a las comunidades porque, debido al Reglamento, la ODSEC pudiese cuestionar la legitimidad de las organizaciones comunitarias existentes, limitar sus procesos organizativos autogestionados, y argumentar que no tienen derecho a los apoyos que soliciten”, planteó el licenciado Juan Capella Noya, de FURIA.

“La propia agencia, ante un requerimiento de información, aclaró hace unas semanas que ninguna comunidad en Puerto Rico actualmente tiene una junta comunitaria de acuerdo al Reglamento 9533”, explicó Adianez Vélez, Asociada de Abogacía de FURIA, Inc.

Vélez indicó que el polémico reglamento, cuestionado por las comunidades en los tribunales en dos ocasiones como antidemocrático, exige que la junta comunitaria debe ser avalada por ODSEC y electa en una asamblea que convoque la propia agencia. Sin embargo, esta oficina adscrita a la Oficina del Gobernador, “no tiene la capacidad” para organizar estas cientos de asambleas y no han hecho ninguna. “El desacierto no solamente ha sido ignorar a las comunidades en el proceso, sino que ni siquiera tomaron en cuenta su disponibilidad de recursos para la implantación del injusto reglamento”, añadió Vélez.

“En los últimos dos años y medio, hemos solicitado en numerosas ocasiones reuniones con la ODSEC y solo nos concedieron una en el 2023. Tampoco se nos ha entregado un listado oficial de las comunidades especiales ni los detalles sobre las gestiones que la agencia ha realizado para educar a las comunidades y el proceso para implementar el reglamento. Nada de esto se ha publicado, evidenciando una falta de transparencia. Es posible que tengamos que acudir al tribunal por tercera vez para que nos den información. Esta oficina no cumple con el propósito para el que se creó si no puede relacionarse con las comunidades”, indicó el licenciado Capella Noya.

Maritza Ocasio, líder comunitaria del sector Usubal, del barrio Torrecilla Alta en Canóvanas, denunció que “discriminan con nosotros porque no nos quieren dar ayuda para reparar las casas, pues dicen que según ODSEC no somos una comunidad especial. Vivimos en el Proyecto Nuevo Hogar Seguro, con casas de cemento de un proyecto con fondos subvencionados por FEMA, pero todos los residentes veníamos de la comunidad especial de San Isidro. Era un proyecto para salir de la pobreza y ahora no nos reconocen como población vulnerable”.

Las comunidades estarán recogiendo firmas para el “Manifiesto Comunitario por el Respeto y el Derecho a la Autogestión Comunitaria”, en el cual denuncian el Reglamento 9533, aprobado el 1 de febrero de 2024, a pesar de haber sido impugnado en dos ocasiones en los tribunales por organizaciones comunitarias de Canóvanas, Loíza, Naguabo, Lajas, Caguas y San Juan por vulnerar derechos de expresión, asociación y participación comunitaria. Este reglamento permite la intervención de ODSEC en asambleas, exige la presencia de sus funcionarios para elegir juntas, limita los términos de servicio de líderes, impone cómo debe llamarse el cuerpo organizativo, entre otras restricciones que afectan a las organizaciones comunitarias.

“Se suponía que esta ley era para ayudar a las comunidades. Nuestra propuesta a todos los candidatos políticos es que la persona que gane la gobernación debe hacer un nombramiento de Director Ejecutivo de esa agencia, adscrita a La Fortaleza, que tenga algún trasfondo de vínculo con las comunidades. Es hora de replantearse el rol de ODSEC; lo mínimo es que las personas que la dirijan tengan la iniciativa de hablar directamente con las comunidades. Eso no está ocurriendo. Hay mucho que se puede hacer si hay conversaciones serias con las Comunidades Especiales”, expresó Vélez.

Lea aquí el Manifiesto: