Se estima que el 40% de las iglesias en Puerto Rico sufrieron algún tipo de daño debido al paso del huracán María.

A cinco años de que se aprobara su elegibilidad para fondos de recuperación por los daños del huracán María, miles de iglesias aún no han logrado obtener los mismos debido a la inacción de La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) y la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (COR3), por lo que no se descarta acudir a los tribunales.

Así lo manifestó Iván Casals, quien por los pasados cinco años ha sido el asesor y portavoz de las comunidades de fe en Puerto Rico y de varios municipios. Dijo que ambas agencias han frenado las labores de rehabilitación debido a la inacción y mal manejo de los casos y de los reclamos planteados por éstos. Mencionó como uno de los ejemplos, el que aún no se les haya asignado una división en la que se puedan evaluar estas organizaciones, cuya naturaleza es distinta a las reclamaciones del sector gubernamental y de los individuos.

Por su parte, el pastor Moisés Román, presidente de la Fraternidad Pentecostal, estimó que el 40% de las iglesias en Puerto Rico sufrieron algún tipo de daño debido al paso del huracán María. "La Fraternidad Pentecostal la cual se compone de sobre 2,200 iglesias, no ha logrado arreglar el 10% de éstas debido a las condiciones impuestas por las agencias encargadas de distribuir los fondos’ puntualizó Román.

“En febrero del 2018, las iglesias o casas de oración fueron aceptadas para ser elegibles para recibir de forma retroactiva, los fondos federales disponibles a través de FEMA bajo el renglón de entidades sin fines de lucro; sin embargo, ambas agencias en todos estos años han obstaculizado la obtención de esos fondos, no han sido responsivos a nuestros planteamientos”, declaró Casals.

Mencionó como otro ejemplo el hecho de que se ha solicitado que a las casas de oración se les exima de la aportación del 10% del total reclamado, ya que, por tratarse de entidades sin fines de lucro, no cuentan con esa cantidad para iniciar las obras. “Solicitamos que se le adelante dinero de inmediato, como se les adelantó a todos los demás proyectos de la Isla para poder contratar asesores, consultores, ingenieros arquitectos y todas aquellas personas que los puedan llevar a concluir su proyecto”, mencionó el asesor.

Agregó que se solicitó a FEMA que provea un mecanismo automático para ajustar el concepto de inflación desde el momento en que hicieron los estimados originales hasta este momento en el que los precios son mayores.

“Hemos requerido además que se flexibilicen las reglas para la contratación, porque en Puerto Rico no se cuenta con la cantidad de contratistas, ingenieros, arquitectos y profesionales que estén disponible ya que están contratados en las obras que ya están en proceso a nivel privado y gubernamental”, subrayó Casals.

Otra de las entidades afectadas por lo que Casals denominó falta de diligencia, es la Asociación de Miembros de la Policía Estatal, cuyo presidente José Taboada de Jesús tuvo que someter por segunda vez la reclamación de daños a la sede de la organización, ya que la primera se extravió y aún no le han podido dar un estatus de su caso.

Al mismo tiempo destacó que la labor que hacen estas iglesias en términos sociales se ha visto limitada, debido a que no han podido rehabilitar las estructuras afectadas por el huracán María, por lo que no se descarta la vía legal.

“Estamos emplazando a representantes de ambas agencias, para que en los próximos 30 días laborables, nos concedan una reunión donde haya representación de estas entidades porque de lo contrario recurriremos a los tribunales para que se haga cumplir con las disposiciones de la Ley Robert T. Stafford de Ayuda en Desastres y Asistencia en Emergencias”, declaró el asesor al referirse al estatuto que creó el sistema que está vigente en la actualidad mediante el cual una declaración presidencial de desastre activa la asistencia financiera y física a través de FEMA.

En el caso de COR3 es una entidad que creada tras el huracán María para recibir y distribuir los fondos federales disponibles para la recuperación de la isla. Parte de su gestión, es desembolsar a las agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro el dinero para los proyectos de reconstrucción asignados a través del Programa de Asistencia Pública de FEMA.

Reacciona COR3

Tras estos señalamientos, el director ejecutivo de COR3, Manuel A. Laboy Rivera, reveló que se detuvieron los desembolsos debido a que Casals enfrenta cargos criminales por fraude.

“Debido a la naturaleza de las acusaciones criminales que actualmente enfrenta Casals por un caso de alegado fraude en Aguadilla, relacionado a la venta de placas solares, y en cumplimiento con la responsabilidad de COR3 de asegurar que los fondos federales de recuperación se utilicen para los fines autorizados y de conformidad con las leyes y reglamentos federales, realizamos los referidos correspondientes y se tomó la determinación de paralizar los desembolsos única y exclusivamente para las solicitudes de reembolsos por trabajos realizados por Casals y/o aquellas entidades representadas por él. Los reembolsos o adelantos a otras organizaciones de base de fe, continúan su proceso normal”, señaló Laboy Rivera.

En el comunicado de COR3 se agrega que las alegadas irregularidades relacionadas a los proyectos de reconstrucción, también fueron referidas a la Oficina del Inspector General, a los departamentos de Justicia de los Estados Unidos, y Puerto Rico, así como al Departamento de Seguridad Nacional. Y que tan reciente como el 14 de febrero de 2023, el COR3 comenzó el proceso de notificación a los subrecipientes afectados a los que se les detuvo los pagos solicitados para los servicios rendidos por Casals y/o su firma Disaster Recovery Specialist, hasta tanto se reciban las directrices correspondientes de FEMA.

“De la información que transcendió en la conferencia de prensa, se debe aclarar que el COR3 continúa el proceso de desembolsos por medio de las solicitudes de reembolsos, adelantos o mediante el mecanismo que provee el programa piloto del Working Capital Advance. También el Gobierno de Puerto Rico, representado por el gobernador Pedro Pierluisi, acudió ante el Congreso solicitando cambios en la Ley Stafford para atender los costos asociados a la inflación. Del mismo modo, el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, solicitó al Departamento de la Vivienda Federal que extienda la aplicabilidad del pago del pareo estatal correspondiente al 10 por ciento del costo de estos proyectos”, agregó Laboy.

El funcionario dijo además que al momento, para los proyectos permanentes de las organizaciones de base de fe, el COR3 les ha desembolsado unos $17 millones por medio de Solicitudes de Reembolsos, otros $7.5 millones mediante Solicitudes de Adelantos. Entretanto, a través del WCA se ha adelantado para las iglesias e instituciones educativas religiosas, aproximadamente $5.2 millones.