Pero la candidata penepé asegura que su primo no tuvo participación alguna en la aprobación del deslinde de un proyecto de construcción.

El presidente de la organización comunitaria Protege Punta La Bandera en Luquillo, Arturo Campos, expresó el jueves su rechazo a lo que, a su juicio, sería la política pública de Jenniffer González si ganara la gobernación.

Campos rechazó que la comisionada residente no tuviera conocimiento de la intervención de su oficina y la de su primo, Luis González Ortiz, en el deslinde de Punta la Bandera.

Según ha trascendido, el secretario interino de Recursos Naturales y Ambientales, Roberto Méndez Martínez, contrató a la corporación de González Ortiz, González Ortiz Law Offices, para realizar el deslinde. Sin embargo, la comisionada residente ha dicho que su primo se inhibió de participar en ese proceso.

“A mí eso me provoca el que uno tenga que reírse, si hay alguna agencia de gobierno en la que se me ha perseguido a mí y a mi familia es en Recursos Naturales y segundo, el licenciado González, mi primo se inhibió, que no sé de dónde sacan que aprobó x o y permiso. Así que yo creo que eso es parte de lo que algunos lanzan de ataques para lanzar sombras sobre el proceso, pero el tiempo siempre me da la razón”, expresó la candidata penepé a la gobernación en una entrevista radial.

El líder comunitario, sin embargo, recordó que, en marzo de 2023, la comisionada residente envió una carta al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para acelerar el proceso a favor del desarrollador Alfonso Valdés García.

“Definitivamente si ella gana con todos los cabos que se han atado, el primo, el secretario interino, el donativo, sería un poco más fácil para facilitar otros desarrollos similares en Loíza, Rincón, Cabo Rojo. Se puede sobreentender que la política pública del gobierno (de Jenniffer) será ayudar a estos desarrolladores que son donantes o amigos del partido y se aceleran procesos y se hacen de la manera incorrecta y continuaría la misma trayectoria sobre estos temas y no habría razón para creer que habría un cambio”, dijo Campos a CyberNews.

Por ello, se le solicitará una nueva reunión, toda vez que la comunidad se siente ignorada. En junio de 2023 le solicitaron por escrito una reunión para discutir el caso de desarrollador Valdés García porque la información que la comisionada dio en su carta al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos era incorrecta.

González argumentó que el proyecto generaría $200 millones en inversión y 200 empleos. Esta información, según Campos, era incorrecta, ya que el desarrollador se había declarado en quiebra (17 de febrero 2023) y admitió bajo juramento que solo buscaba obtener rápidamente los permisos para aumentar el valor de la propiedad y venderla.

“Además, es altamente preocupante que una candidata a la gobernación desconozca un asunto tan grave como el robo de playa y terrenos en Punta La Bandera, Luquillo. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) le regaló a Valdés la zona de separación costera, teniendo el efecto de robar playa al Pueblo de Puerto Rico. Ahora, con el apoyo de la candidata a la Gobernación, se arriesga la destrucción del humedal, la pérdida de un árbol campeón de mangle negro, el cual tiene más de 300 años, para poner una piscina, así como la eliminación de parte del yacimiento arqueológico de La Monserrate en Luquillo”, sostuvo Campos.

“La comunidad de Punta La Bandera, no solo se siente ignorada sino que ahora se siente rechazada por una candidata que aspira a gobernar nuestro país. Es preocupante que la candidata González niegue conocer un asunto que afecta directamente a la comunidad de Luquillo. Protege Punta La Bandera hace un llamado urgente al público a conocer los detalles de este proceso ultra vires y las irregularidades que rodean el deslinde en el DRNA. Contamos con documentos que respaldan nuestras denuncias y estamos dispuestos a compartirlos para que esta situación sea detenida. No permitiremos que intereses externos pongan en riesgo nuestro entorno. La transparencia y el respeto a los procesos administrativos deben prevalecer, más aún cuando está en juego la confianza pública” concluyó.