El excalde Carlos Molina se agenció un pago indebido por liquidación de licencias y lo mismo ocurrió con 20 empleados. El alcalde actual Carlos Ramírez Irizarry también enfrenta múltiples señalamientos.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Arecibo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

Puede ver la auditoría aqui:

El Informe revela que, en contravención del Código Municipal de 2020, el exalcalde Carlos Molina y 20 empleados obtuvieron un beneficio no permitido por ley debido a que recibieron pagos por concepto de balances de vacaciones y enfermedades acumuladas antes de la separación del cargo. Los pagos se computaron entre 14 y 45 días antes de separarse del servicio público. Además, se procesaron pagos en exceso: un pago de $1,040 al alcalde; y pagos que totalizaron $3,325 (los cuales fluctuaron de $21 a $1,404) a 14 empleados de confianza.

Por estos hallazgos, se le recomienda al secretario de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental que consideren las situaciones y tomen las acciones que correspondan. Al alcalde se le recomienda que recobre el dinero pagado en exceso, y determine la responsabilidad, si alguna, de los funcionarios que aprobaron estas liquidaciones.

El Informe también comenta que, en contravención del Código Político de 1902, un empleado ingeniero con nombramiento transitorio en Arecibo, esta vez bajo el mandato del alcalde actual Carlos Ramírez Irizarry, mantenía a su vez un contrato con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). El examen de las facturas presentadas al DDEC, reveló que en 11 ocasiones las fechas confligían con el horario regular de trabajo en el Municipio. Esta situación se refirió a los presidentes del Colegio y de la Junta de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y también al secretario de Justicia, y al director de la Oficina de Ética Gubernamental.

La auditoría de siete hallazgos señala que, desde marzo del 2021 hasta marzo del 2024, el alcalde nombró tres empleados para ocupar puestos que no están incluidos en el Plan de Clasificación y Retribución para empleados de confianza. Durante dicho periodo se pagaron sueldos por $232,603. Esta situación no permite mantener un sistema actualizado para la administración del personal.

El Municipio otorgó diferenciales de sueldo a 11 empleados sin documentar las justificaciones extraordinarias. Desde enero de 2020 a agosto de 2023, se concedieron diferenciales por la suma de $60,050. Esta situación, no permite una administración adecuada sobre las bases del sistema de mérito del personal.

Los auditores de la Oficina del Contralor identificaron que, desde enero del 2021 a enero de 2024, una corporación cuyo contrato de arrendamiento del parking del Coliseo Manuel Petaca Iguina había vencido, continuaron utilizando el estacionamiento sin haber formalizado un contrato. Esta situación desprotege legalmente al Municipio, ante la inexistencia de documentos que establezcan los derechos y obligaciones entre las partes.

El Informe devela que el Plan de Revitalización del Casco Urbano que se nutre de los fondos federales del Community Development Block Grant, se incentivó con $10,000 un negocio de comida que debía $6,400 al Municipio en rentas vencidas del 2019 al 2020. La ley y la reglamentación vigente establece que no se efectuará desembolsos a ninguna persona, natural o jurídica que tenga deudas vencidas con cualquier municipio o con el Gobierno.

La auditoría revela múltiples deficiencias con las obras de construcción como, por ejemplo: el permiso de construcción de las mejoras del Parque García se obtuvo tres meses después de comenzado el proyecto, y el performance y el payment bond para el proyecto del Complejo Deportivo Arvaja lo obtuvo 100 días luego de otorgado el contrato. Además, el Municipio no presentó evidencia de la titularidad de los centros comunales de Río Arriba y Rosa de León. Este último estaba deteriorado, con jaulas de animales en la parte exterior y sin mantenimiento.

Sin el consentimiento de la Legislatura Municipal, el alcalde transó una demanda del 2014 por $144,502, por despido injustificado de una exempleada. Ante el incumplimiento del Municipio, se acordó, el 13 de diciembre de 2023, un plan de pagos de la demanda por la nueva cantidad de $149,843.

El Informe comenta también, que el Municipio incurrió en desembolsos por $342,781 en sueldos dejados de devengar y gastos legales por una demanda por despido injustificado del 2012.

Al 11 de marzo de 2024, 15 demandas civiles por la suma de $28,951,494, estaban pendientes de resolución por los tribunales. Otros nueve casos relacionados con la administración de personal estaban pendientes de resolver por la Comisión Apelativa del Servicio Público.

El Municipio de Arecibo no había atendido, al 31 de marzo de 2024, las recomendaciones publicadas en tres informes de auditoría de los años 2017, 2018 y 2021, para recobrar $306,190 por distintos conceptos.

El presupuesto del Fondo General fue de $30,529,905, $32,249,405, $45,840,953, $53,495,417 y $52,700,000, del 2020 al 2024, respectivamente.

Los estados financieros reflejaron déficits acumulados de $20,627,896, $11,241,107 y $1,041,150, del 2020 al 2022, respectivamente, y un superávit acumulado de $807,575 para el 2023.

La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Arecibo cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Este informe de Arecibo cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2024, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.