Log In


Reset Password
SAN JUAN WEATHER
La Calle

DACO anuncia que comenzó a multar en $10,000 diarios a Yeti por no responder a petición de información

Sobre discrimen comercial y la supuesta práctica de no tener disponibles en Puerto Rico productos que sí lo están en otras jurisdicciones. Ahora quieren información de Sony, Samsung, H&M y Nike.

Al vencer el término establecido en los primeros requerimientos de información, el DACO comenzó hoy a imponer multas de $10,000 diarios a Yeti por no haber sometido la información requerida por la agencia el 11 de septiembre.
Foto: Foto captura

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ha iniciado una segunda ronda de requerimientos de información, estas vez a las empresas Sony, Samsung, H&M y Nike, por supuestas prácticas de discrimen comercial contra los consumidores puertorriqueños, anunció este martes el secretario interino, el licenciado Francisco González de la Matta.

Las empresas tienen 10 días para contestar.

El 11 de septiembre, DACO anunció a primera ronda de solicitud de información a Apple, Microsoft, TikTok y Yeti solicitando una explicación sobre por qué sus servicios y productos, que están disponibles en otras jurisdicciones de Estados Unidos, no lo están en Puerto Rico.

Al vencer el término establecido en los primeros requerimientos de información, el DACO comenzó hoy a imponer multas de $10,000 diarios a Yeti por no haber sometido la información requerida por la agencia el 11 de septiembre.

"Hemos otorgado un tiempo razonable para que esta empresa responda a nuestro requerimiento y, ante su incumplimiento, hemos procedido con la imposición de multas diarias de $10,000 hasta que se reciba la información solicitada," precisó el secretario interino.

Apple y TikTok contestaron la solicitud del DACO y pidieron tiempo adicional, petición que se evaluará, explicó el funcionario. Por su parte, la agencia solicitará más información a Microsoft.

Las compañías tendrán 10 días para contestar y, de no hacerlo, se exponen a multas diarias de hasta $10,000. Este tipo de prácticas han generado quejas entre los consumidores locales, que ven sus derechos limitados injustificadamente.

Las multas se aplicarían al amparo de una orden administrativa del 2011.

“Nos encontramos en un momento histórico que debemos aprovechar para impulsar el cambio y corregir las injusticias que afectan a los consumidores en Puerto Rico. Las empresas no pueden excluir a Puerto Rico cuando ofrecen productos y servicios en otras jurisdicciones de Estados Unidos como, por ejemplo, Hawái. Es desconcertante que estos ofrecimientos en otros lugares de Estados Unidos continentales no estén disponibles para los consumidores en Puerto Rico. La misión del DACO es garantizar que cualquier diferencia en el acceso esté debidamente fundamentada”, puntualizó el secretario interino, el licenciado Francisco González de la Matta.

La Oficina de Antidiscrimen Comercial contará con un equipo inicial de 12 empleados, quienes se dedicarán a manejar los casos relacionados con discriminación comercial. El DACO también gestiona acuerdos colaborativos para reforzar esta unidad y garantizar que los consumidores puertorriqueños reciban un trato justo por parte de las grandes empresas.

Los consumidores que deseen presentar una confidencia por discriminación comercial pueden hacerlo mediante correo electrónico en tratoigual@daco.pr.gov.

“Queremos que los consumidores sepan que estamos aquí para defender sus derechos y que pueden contar con nosotros para garantizar que las empresas que operan en Puerto Rico ofrezcan las mismas oportunidades que en otras partes de Estados Unidos”, sostuvo el González de la Matta sobre el particular.

La Oficina de Antidiscrimen Comercial fue creada originalmente bajo la Orden Administrativa 2011-006, con el objetivo de que toda empresa con presencia en Puerto Rico que ofrezca productos o servicios, ya sea a través de internet, catálogos o ventas directas, lo haga en igualdad de condiciones que en los Estados Unidos continentales y Hawái. El relanzamiento de esta unidad busca asegurar que los consumidores puertorriqueños tengan acceso a los mismos bienes, servicios, garantías y condiciones de entrega que en el resto del país.