Ante denuncias del fenómeno de los empleados atornillados. El ente fiscal solicitó información parecida en septiembre del 2020, sin mayores consecuencias.

Por segundo cuatrienio consecutivo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le ha exigido al gobierno que rinda cuentas sobre transacciones de personal en año eleccionario, particularmente las que son señaladas por críticos y la oposición política como los “atornillados”.

Los atornillados son empleados que ocupan una plaza de confianza en el gobierno, pero no una de carrera, por lo que quedan en riesgo de salir del gobierno con un cambio de administración. El proceso de atornillar significa que se realizan transacciones de personal para conseguirles plazas de carrera y evitar así su despido.

Recientemente el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, sostuvo en entrevista con El Vocero que desde el 3 de junio ha recibido sobre 1,700 transacciones de personal que involucran personal de confianza.

En una carta del director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, a Blanco, le indica que “la transparencia es esencial para cualquier proceso gubernamental” y que le solicita información “que nos permita evaluar cómo recientes contrataciones gubernamentales se alinean” con los procedimientos que tienen que seguir la OGP y la Oficina para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) y el gobierno parqa implementar la Reforma de Servicio Civil”.

Así, la Junta le ha dado un plazo al gobierno hasta el 16 de septiembre para que entreguen al ente fiscal un listado de todas las posiciones en agencias, corporaciones, departamentos, administraciones, juntas, comisiones, negociados, oficinas, divisiones e instrumentalidades del gobierno que han sido creadas, ocupadas y reclasificadas desde el 1 de enero.

Para cada posición, el gobierno tendrá que incluir el salario asignado y responder si cumple con al menos el 90% del pago de la plaza.

Cada transacción tiene que reflejar si, para ser completada, se le aumentó el salario a la persona y se tiene que identificar en cada transacción si el empleado pasó de una posición de confianza a ocupar una plaza de carrera.

El gobierno también tendrá que identificar, dentro de las transacciones realizadas desde el 1 de enero, aquellas que caen bajo la categoría de coordinadores interagenciales u oficial ejecutivo gubernamental.

La semana pasada el programa Jugando Pelota Dura publicó que en varias dependencias gubernamentales como los departamentos de Educación, Vivienda, Salud, Transportación y Obras Públicas, Seguridad Pública, Recursos Naturales y Ambientales y Justicia, además de la Oficina del Comisionado de Seguros y la Oficina del Gobernador, se han abierto plazas de carrera desde poco después de las primarias que solo pueden ser solicitadas por empleados de la rama ejecutiva con un requisito mínimo de bachillerato y al menos cinco años de supervisión o administración.

El salario mínimo es de $71,400 y un máximo de $107,000.

Este escenario no es nuevo y tampoco el interés de la Junta.

En septiembre del 2020, la entonces directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, le envió una carta a Omar Marrero, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, expresándole “preocupación” sobre las noticias que habían circulado entonces sobre contrataciones en dependencias como la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Autoridad de Edificio Públicos (AEP) y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

“Objetivamente, una súbita prisa para llenar posiciones de carrera en lo que parece ser un plazo expedito, cerca del término del Gobierno de turno, podría forzar a uno a cuestionar el motivo. Entendemos, sin información adicional, que la decision de rápidamente llenar estas posiciones de carrera debe provocar mayores cuestionamientos”, sostuvo Jaresko.

Y así, como ha ocurrido en esta ocasión, Jaresko le pidió a Marrero una lista similar a la que ahora exige Mujica.