No cobró arbitrios y patentes a un contratista, nombró funcionarios sin cualificaciones, liquidó días de enfermedad violando la ley y no tuvo control de gastos ni el presupuesto.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Santa Isabel. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio no le requirió a un contratista el pago de arbitrios y patentes del proyecto de construcción de la pista atlética, cuyo costo total ascendió a $2,001,021. Por ambos conceptos el contratista debió haberle pagado al Municipio $110,056; sin embargo, sólo abonó $11,255, según la auditoría.

El alcalde de Santa Isabel es Rafael “Billy” Burgos Santiago.

Al 16 de noviembre de 2022, el Municipio no le había requerido al contratista el pago de la diferencia de $98,801, ni tampoco le había retenido esta cantidad de los pagos ya realizados. Al 27 de febrero de 2023, el Municipio le debía $115,498 al contratista por trabajos pendientes y por el 10% retenido. Al respecto, el Informe le recomienda al alcalde, que retenga los $98,801 de arbitrios de construcción y patentes, del balance pendiente de pago.

La auditoría, de cinco hallazgos, señala múltiples deficiencias de control significativas ya que los funcionarios responsables no encontraron ni entregaron a los auditores de la OCPR documentos relacionados con la construcción de la pista atlética y con la remodelación de la plaza pública. Por ejemplo, no suministraron evidencia de la autorización del alcalde al contratista para subcontratar, ni la minuta aprobando órdenes de cambio, ni cinco comprobantes de desembolso por $343,117, entre otros. Esta situación dificulta mantener registros confiables de los acuerdos entre el Municipio y el contratista, e impidió verificar en todos sus detalles, la corrección de los procesos de construcción.

El Municipio pagó $25,113 a seis exfuncionarios y cinco exempleados por días acumulados en exceso de los 90 días de la licencia por enfermedad en enero de 2021.

El Código Municipal de 2020 establece que, al momento de separarse del servicio público o jubilación, se le pagará al empleado los días de enfermedad acumulados hasta un máximo de 90 días. El Informe recomienda que el alcalde evalúe este incumplimiento de ley y la posible aplicación de sanciones a los funcionarios encargados de la transacción del pago global al exalcalde, a los exfuncionarios y a los exempleados.

Por otro lado, el alcalde nombró una directora de Obras Públicas sin que esta contara con la experiencia laboral requerida para ocupar dicho puesto. No obstante, la Legislatura Municipal la confirmó el 25 de febrero de 2021. Además, el Municipio no había actualizado los reglamentos para la administración del personal de confianza ni de carrera al 30 de junio de 2022.

De una muestra examinada a los comprobantes de desembolso, se evidenció que el Municipio de Santa Isabel, no mantiene un control efectivo de los gastos, ni del presupuesto.

Por ejemplo, 52 comprobantes por $1,338,656, no estaban firmados por las empleadas de preintervención, 51 comprobantes por $1,413,902, no estaban firmados por la directora de finanzas, y 44 comprobantes por $1,329,412 no estaban firmados por el alcalde. Una situación similar ya había sido publicada en los informes de auditoría OC-24-25 del 2023, y el M-19-43 del 2019.

La auditoría comenta que, el 22 de abril de 2024, la Oficina de Ética Gubernamental multó por $5,500 al exalcalde por no remitir información adicional solicitada con respecto a sus informes financieros anuales de 2016 y 2017.

Al 30 de junio de 2022, el Municipio tenía seis demandas civiles por $1,799,228, pendientes de resolución en los tribunales. Las demandas presentadas eran por razón de discrimen político, cobro de dinero y daños y perjuicios.

El presupuesto del Fondo General, para los años fiscales del 2017-18 al 2021-22, ascendió a $10,125,158, $10,527,726, $10,661,367, $11,089,633 y $11,384,893, respectivamente.

El Municipio tenía preparados sus estados financieros, auditados por contadores públicos autorizados, para los años fiscales del 2017-18 al 2019-20. Estos reflejaron déficits acumulados por $6,824,806, $5,138,810 y $4,550,499, respectivamente.

La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio de Santa Isabel cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.

Responden Questell y expresidente de la Legislatura Municipal

Sobre el señalamiento relacionado a la falta de cobro al contratista, Questell indicó: “Entiendo que no es correcto lo concluido en el hallazgo, de que mi administración no cobró los arbitrios y la patente municipal relacionado al proyecto de la pista atlética. Dado el caso de que no tengo la oportunidad de evaluar el detalle de las transacciones, respetuosamente les solicito que considerando la información suministrada, y que fuera entregada la nueva administración durante el proceso de transición, evalúen nuevamente el historial de transacciones relacionadas al proyecto, y de seguro podrán determinar que, en efecto, los arbitrios y la patente municipal correspondiente al contrato número [...] fueron cobradas mediante descuento de la cantidad de $95,019.93 por concepto de arbitrios de construcción, y la cantidad de $9,501.65 por concepto de patentes, y mediante el cobro de un pago final por la cantidad de $5,232.08”.

Sobre el señalamiento de pagos indebidos por días de enfermedad, Questell dijo: “No he tenido el beneficio de evaluar el detalle de las transacciones señaladas en el hallazgo. Sin embargo, es mi criterio que las transacciones de liquidación de licencias acumuladas a funcionarios y a empleados que renunciaron a sus puestos o que se acogieron a la jubilación, fueron realizadas de conformidad a las leyes y reglamentos vigentes”.

En cuanto al señalamiento sobre el nombramiento de una funcionaria no cualificada, el expresidente de la Legislatura Municipal, Pedro J. Rodríguez Rosado, indicó: “Los legisladores consideramos detenida y minuciosamente todos los aspectos necesarios para garantizar la idoneidad de las funcionarias en términos de preparación académica y experiencia profesional para desempeñar sus funciones de manera eficaz. Tras un análisis riguroso, que no solo se circunscribió a la entrevista a las funcionarias y la evaluación de los documentos que forman parte de sus respectivos expedientes de personal, los legisladores - de forma unánime - llegamos a la conclusión de que [...] cumplían con un mínimo de los requisitos establecidos. Reconozco, sin embargo, que pueden existir interpretaciones opuestas en cuanto a estos requisitos y nuestras consideraciones. Es importante subrayar que, si bien es cierto que la Legislatura Municipal tiene la ineludible responsabilidad de evaluar exhaustivamente cada funcionario propuesto, el proceso inicial de evaluación, selección y nombramiento recae exclusivamente en el alcalde”.

En cuanto al señalamiento de falta de control de gastos y presupuesto, Questell indicó que las situaciones señaladas eran sucesos aislados, pero que los fondos fueron utilizados para los propósitos autorizados.

Questell atribuyó las demandas de discrimen político a la administración actual.