Según la OIG, ASES no recibió los reembolsos millonarios en fondos federales debido a la demora en las solicitudes de reembolsos al Programa Medicaid.

La Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico detectó la pérdida de cerca de $440 millones en fondos no reembolsados a la Administración de Seguros de Salud (ASES), lo que provocó que Puerto Rico, perdiera dicho beneficio.

La OIG informó que los hallazgos son parte de un informe que hizo público sobre las operaciones de la mencionada agencia en el que concluye que ASES no recibió los reembolsos millonarios en fondos federales debido a la demora en las solicitudes de reembolsos al Programa Medicaid.

Las solicitudes de reembolsos, indican, fueron entregadas con hasta 789 días de retraso, a pesar de que no debían tardar más de 15 días después del cierre mensual.

Informan que este examen se realizó luego de una colaboración especial con la Oficina del Inspector General de Departamento de Salud Federal (HHS-OIG) y que la evaluación cubrió el período de 1 de julio de 2012 al 31 de agosto de 2022.

Los resultados del informe, señalan, fueron referidos al HHS-OIG, para que tome las determinaciones correspondientes con el mismo.

Sostiene la OIG en su comunicación que en el examen realizado “se encontraron deficiencias de controles internos significativos e incumplimiento de leyes y reglamentación aplicables relacionadas al pareo de fondos federales y estatales del Programa Medicaid, tales como: fondos federales no reembolsados por el Programa Medicaid del Departamento de Salud de Puerto Rico y dilación en someter la solicitud de reembolso de fondos federales por gastos administrativos y de nómina al Programa Medicaid, atrasos en la preparación de las conciliaciones bancarias, e informes mensuales requeridos”.

Esta situación, sostienen, provocó que no se autorizara el reembolso de fondos federales debido a que los fondos para las subvenciones estaban agotados o cerrados. El informe sostuvo que se afectó el flujo de efectivo de la ASES porque tuvo que hacerse cargo de las obligaciones de pago.

El informe de la OIG atribuyó la responsabilidad de los costos cuestionados a los directores ejecutivos y directores de Finanzas y Administración en funciones durante el período examinado, “ya que no ejercieron una supervisión efectiva de las actividades y operaciones relacionadas sobre las solicitudes de reembolsos de fondos federales”.

El atraso, sostienen, imposibilitó un control efectivo sobre los fondos y entorpeció la veracidad y la corrección de sus registros de contabilidad. De acuerdo con el informe, los atrasos dieron lugar a que se tomaran decisiones sin contar con la información completa, correcta y actualizada sobre la situación fiscal de ASES. Además, propició un ambiente para la comisión de errores e irregularidades y otras situaciones adversas en las finanzas de ésta sin que se detecten a tiempo para fijar responsabilidad. El informe sostuvo que hubo documentos no localizados ni provistos durante el examen en ASES.

La OIG informó además que detectó también que no se remitieron los informes mensuales sobre Proyección Presupuestaria OGP-41 a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Esta situación impidió que la ASES mantuviese un control efectivo del presupuesto, al no dar seguimiento y actualizaciones periódicas al presupuesto contra los gastos reales.

Concluyeron igualmente que ASES posee reglamentación interna no actualizada sobre procedimientos en asuntos fiscales, primas y facturación a las aseguradoras. Esta situación dificultó que se pudiera adjudicar responsabilidad de forma oportuna, de acuerdo con el informe.

Informaron que la OIG realizó recomendaciones a la Junta de Directores y a la dirección ejecutiva para preparar y revisar la reglamentación interna relacionada con los procesos de asuntos fiscales en los 90 días calendario siguientes a la publicación del informe.

La entidad fiscalizadora detalló que hubo 178 reclamaciones no pagadas. Una de ellas por “porciento incorrecto” fue de $537, 329.18; otras 33 fueron “denegadas” por un total de $6,471,393.00 y otras 144 no se pagaron por “fondos agotados” y estas sumaron $432,750,327.86. Ello llevó, según la OIG, a un total de $439,796,050.04