Entre otros hallazgos, se encontró que cuenta con $18 millones para mejoras permanentes, pero el dinero no ha sido desembolsado.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Entre otras cosas, los auditores hallaron que el Departamento cuenta con $18,344,860 en fondos federales para 18 proyectos de mejoras permanentes en 13 instalaciones. Transcurridos más de 18 meses, estos fondos estaban obligados, pero no desembolsados.

Por ejemplo, el Centro Vacacional de Punta Santiago, que recibió $3,078,903 de estos fondos federales, no tenía verja que limitara el acceso de entrada, 63 cabañas sufrieron daños tras el huracán, 36 cabañas fueron pérdida total, y los motores de la piscina estaban dañados.

El ahora clausurado zoológico Dr. Juan Rivero en Mayagüez, que recibió $6,324,361, tenía áreas y gazebos abandonados, caminos en mal estado, y las mallas de las jaulas en malas condiciones.

La auditoría comprende el periodo entre el 2 de agosto de 2018 al 30 de junio de 2023.

Por otro lado, el Programa de Parques Nacionales no realizó gestiones para establecer nuevos acuerdos de alquiler para las casas móviles y los concesionarios. En el Balneario de Seven Seas, en Fajardo, se permitió la ocupación de 95 espacios con arrendamientos de hasta más de 13 años vencidos. En otras cuatro instalaciones, 14 concesionarios tenían autorizaciones vencidas hacía más de cuatro años. Además, del 2018 al 2022, el Departamento no contó con un registro de cuentas por cobrar.

El hecho de no cobrar cuentas en el año fiscal correspondiente puede ocasionar la falta de recursos y propicia que se conviertan en incobrables. Estas situaciones ya se habían publicado en el Informe de Auditoría DA-19-28 del 4 de junio de 2019.

Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con las recaudaciones, el registro, la contabilización y uso de los fondos propios, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El Informe revela una diferencia de $1,258,429 entre los valores depositados y los recibos registrados en el Departamento de Hacienda. Los depósitos del Programa de Parques Nacionales ascendieron a $2,742,188 y los comprobantes de remesa sumaron $1,483,749. Los auditores de la Contraloría no pudieron determinar si esta diferencia correspondía a valores depositados y recibos no contabilizados.

Esta deficiencia propicia que los ingresos recaudados no se contabilizaran como fondos propios y no le permite al Programa tener información completa y confiable. Además, le impide al Departamento de Hacienda mantener un control de los depósitos y transacciones registradas en su Sistema de Ingresos y Recaudos Área del Tesoro (SIRAT).

La auditoría de cuatro hallazgos señala que los recaudadores oficiales no registraron en el sistema SIRAT ni en Puerto Rico Integrated Financial Accounting System (PRIFAS), la totalidad de los recaudos. En las visitas a la oficina del Programa se observaron cajas y sobres de los informes de cuadres diarios sin contabilizar, y en las visitas a tres instalaciones del Programa se observaron informes de cuadres diarios por $283,769 sin entregar al recaudador para que fueran registrados en SIRAT y en PRIFAS.

Esta situación se atribuye a que los recaudadores auxiliares no contaban con acceso al sistema SIRAT, y a la falta de personal de apoyo en Finanzas del Departamento.

Del examen realizado se identificaron desembolsos por $272,339 no relacionados con las operaciones de Parques Nacionales, tales como, el monitoreo de las casas de bombas o la instalación de una hélice nueva para un avión propiedad de otro programa. El entonces jefe de presupuesto se apartó de las disposiciones reglamentarias.

El Informe publica que no se realizaban inventarios físicos ni se mantenían los perpetuos de los recibos oficiales de los recaudadores. Al cese de funciones o traslado de recaudadores, tampoco se realizaban los inventarios de los boletos de estacionamiento, ni cuadre de recaudaciones, ni la entrega de los libros de recibos oficiales. Estas deficiencias evidencian falta de control adecuado en el proceso de recaudaciones.

La auditoría comenta la tardanza de más de cuatro años para integrar el Programa de Parques Nacionales al Departamento de Recursos Naturales. La Ley 171-2018, estableció 180 días como término de integración, y 60 días para la transferencia de empleados.

El Informe también comenta que el 42% de las peticiones de información realizadas por la OCPR se entregaron hasta dos meses posteriores a la fecha de vencimiento. Además, en 13 ocasiones la información tuvo que ser devuelta a los funcionarios para ser corregida. Esta situación, que está en contravención con las disposiciones de la Constitución, afecta adversamente los procesos de la auditoría y limitan su desarrollo y culminación.

Al 30 de junio de 2022, transcurridos hasta 16 años, la reglamentación relacionada con la Compañía de Parques Nacionales no había sido revisada ni actualizada. Ejemplo de ello son el Reglamento 7166, sobre las Normas Generales para el Alquiler, Concesión o Uso de las Instalaciones del 2006, y el Reglamento 7447 para el Uso y Disfrute de los Centros Vacacionales del 2008.

Del 2019 al 2023, el Programa recibió asignaciones del fondo general por $32,412,521, e ingresos propios por $10,743,311, para un total de $43,155,831. Para este periodo el programa desembolsó $34,921,837, que le reportó un sobrante de $8,233,994.

El Informe le recomienda a la secretaria del Departamento, que continúe las gestiones para culminar la integración del Programa al Departamento, que establezca un plan de trabajo para los proyectos, y que oriente al personal para que entreguen la información solicitada por la OCPR en un tiempo razonable.