El 2 de mayo la Junta remitió una carta al gobernador y a los presidentes Legislativos exigiendo que la Asamblea Legislativa presentara legislación para derogar o enmendar la Ley 10-2024 no más tarde del 7 de mayo de 2024.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero Díaz, solicitó el martes a la Junta de Supervisón Fiscal (JSF) a que les conceda más tiempo para que la Legislatura enmiende o se derogue la Ley 10 sobre Medición Neta.

“Hoy, la AAFAF cursó una comunicación a la Junta en la cual instó a que, en lugar de iniciar un proceso judicial largo y costoso, la Junta le conceda tiempo a la Asamblea Legislativa para considerar sus objeciones, participar en discusiones y abordar cualquier potencial enmienda a la ley de medición neta, a través del proceso legislativo, cuya sesión culmina el 30 de junio de 2024. La AAFAF reconoció la voluntad expresada por la Legislatura de entablar discusiones dirigidas a alcanzar consenso, pero dicho proceso no puede completarse en el apretado término de tres días laborables sugeridos en la Carta. Además, dado el compromiso del Gobernador y su administración con la política pública que favorece las iniciativas de energía renovable, la AAFAF recomendó obtener el insumo de la industria sobre los posibles impactos que podría tener cualquier cambio significativo al programa de medición neta, lo cual permitirá que todas las partes tomen una decisión informada respecto a la Ley 10”, dijo Marrero Díaz en declaraciones escritas.

El 2 de mayo de 2024, la Junta remitió una carta al gobernador Pedro Pierluisi y a los Presidentes Legislativos, mediante la cual exigió que la Asamblea Legislativa presentara legislación para derogar o enmendar la Ley 10-2024 no más tarde del 7 de mayo de 2024.

En la carta, la Junta advirtió que tomaría medidas para anular la Ley 10, incluso mediante la presentación de un litigio.

“Como siempre, el Gobierno y la AAFAF reiteran su compromiso y disposición para trabajar con la Asamblea Legislativa y la Junta en aras de garantizar los objetivos de política pública de energía renovable del Gobierno, esto en beneficio de los clientes de la AEE y del pueblo de Puerto Rico”, concluyó.