Así lo anunció la agencia a cargo de manejar esos decretos, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que no divulgó por qué se rechazó la petición.

La controversial solicitud de la empresa Luma Energy de un decreto de exención contributiva le fue denegada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), informó el titular de esa agencia, Manuel Cidre Miranda,

“Observando el fiel cumplimiento de la Ley 60, los mejores intereses de Puerto Rico, y ejerciendo las facultades conferidas en el cargo del secretario del DDEC, notifico que la solicitud de la entidad Luma fue denegada”, sostuvo en declaraciones emitidas por la agencia.

Establece en las mismas que “según confirmado previamente, la entidad Luma presentó una solicitud de decreto (“Solicitud”) bajo la Ley Núm. 60-2019, conocida como el “Código de Incentivos de Puerto Rico” (“Ley 60”)”.

Dicha solicitud, agregó, “fue evaluada acorde las disposiciones establecidas en la Ley 60, en cumplimiento con el debido proceso de ley, tal y como ocurre con las miles de solicitudes de decretos que anualmente recibimos en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (“DDEC”)”.

Aseguró que dentro del proceso evaluativo, las agencias y municipalidades concernientes fueron consultadas, en aras de recibir sus comentarios, según provisto por la Ley 60. “Sobre ello, precisamos que todas las agencias y municipalidades les notificaron al DDEC sus posturas sobre la solicitud”, dijo antes de hacer el anuncio de la denegación.

En declaraciones escritas, LUMA Energy argumentó, sin entrar en detalles, que esta decisón tendrá un impacto sobre la transformación eléctrica.

“A pesar de la decisión, agradecemos la consideración del Departamento de Desarrollo Económico a la solicitud de LUMA. Todos en Puerto Rico deberíamos estar preocupados por el impacto que esto tendrá en la transformación eléctrica y la capacidad de atraer empresas para invertir y crear empleos en Puerto Rico. Como hemos dicho desde el principio, esto no se trata de LUMA, ya que LUMA paga todos los impuestos aplicables y exigimos a nuestros contratistas que paguen sus impuestos; se trata de equidad y de garantizar que podamos lograr nuestro objetivo compartido de construir un mejor futuro energético que beneficie a todos los municipios y a todo Puerto Rico”, indicaron.