En 2021, el IRS anunció una auditoría contra los beneficiarios de la Ley 22, centrada en los contribuyentes estadounidenses que pueden haber reclamado la exención contributiva sin cumplir con los requisitos de residencia.

Un grupo de sobre 40 organizaciones locales y de la diáspora están urgiendo al Congreso a investigar y fiscalizar los beneficiarios de la antigua Ley 22 (ahora Ley 60).

En una carta liderada por el Centro para la Democracia Popular (CPD) las organizaciones solicitan al gobierno federal que atienda al fin su responsabilidad de fiscalizar a beneficiarios de Ley 22 que estén evadiendo impuestos federales y/o estatales. Sin embargo, puntualizan que debe ser la Asamblea Legislativa de Puerto Rico quien legisle sobre el asunto y solicitan al Congreso que no intervenga en legislación local.

“El Congreso y el gobierno federal deben actuar acorde a su responsabilidad de ejecutar las leyes y fiscalizar el incumplimiento de las mismas. De esta forma, es imperativo que se atiendan las interrogantes y la falta de transparencia que hay con respecto a la Ley 22 y su impacto. Si una persona está aprovechándose de estos decretos y no reside en Puerto Rico, esa persona no solo evade contribuciones en Puerto Rico, sino también evade contribuciones federales y estatales” indicó Julio López Varona, co-director de campañas de CPD.

El gobierno local defiende la Ley 22 de residentes inversionistas. Según datos oficiales, se trata del tercero grupo que más paga contribuciones con $190 millones y, de se total, $144 millones son contribuciones sobre ingresos.

Además, supuestamente han generado $3,300 millones en inversión.

La carta es la acción más reciente de la campaña “Not Your Tax Haven”/”PRNoSeVende”, la cual denuncia la alegada falta de transparencia gubernamental, el impacto económico y el desplazamiento resultados de la Ley 22.

Aunque la campaña está enfocada principalmente en esfuerzos locales, también busca concientizar sobre el tema en la diáspora y en Estados Unidos y propiciar acciones específicas como una robusta fiscalización de los beneficiarios por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS).

En 2021, el IRS anunció una auditoría contra los beneficiarios de la Ley 22, centrada en los contribuyentes estadounidenses que pueden haber reclamado la exención contributiva sin cumplir con los requisitos de residencia. Como resultado, estas personas pueden estar excluyendo ingresos sujetos a impuestos estadounidenses o no presentar ni declarar ingresos sujetos a impuestos estadounidenses. La campaña de auditoría del IRS fue impulsada por un informe del IRS solicitado por el Congreso sobre los incentivos en Puerto Rico, en medio de preocupaciones de que la Ley 22 podría estar permitiendo la evasión contributiva.

“Ciertamente, es crucial que se derogue la Ley 22. Pero debemos ser consistentes, eso es una ley local y corresponde al Gobierno de Puerto Rico la responsabilidad de informar, publicar, enmendar y derogar. En el pasado, las veces que el Congreso ha legislado, sus soluciones han estado desconectadas de las necesidades locales y por consiguiente han hecho más daño que bien. No podemos pretender atajar las consecuencias del colonialismo con más colonialismo. Por esta razón, le estamos solicitando al Congreso que se enfoque en su responsabilidad de fiscalizar a beneficiarios estadounidenses, sin intervenir en legislación local. Debe ser, y será, la gente de Puerto Rico quienes trabajen con la legislatura para eliminar esta legislación que tanto daño le ha hecho a nuestra isla.” finalizó López Varona

Durante el pasado año, los esfuerzos congresionales han incluido solicitudes de información al IRS, una sesión informativa con la congresista Nydia Velázquez, una carta de apoyo por parte de los congresistas a la solicitud de información, acciones digitales y reuniones mensuales para identificar próximos pasos.

Además, la coalición recientemente publicó Dolor y beneficio: la Ley 22 "Organizaciones benéficas" que quitan a los puertorriqueños y dan poco a cambio, un informe que revela cómo los beneficiarios de la Ley 22, identificaron una forma de burlar el requisito de ofrecer un donativo anual a sin fines de lucro en Puerto Rico, creando organizaciones que se benefician mutuamente de los donativos que prestan y utilizando estas organizaciones para cabildear a favor de sus propios intereses.