El ente fiscal le ha prohibido al gobierno hacer valer la Ley 10-2024 al alegar que choca con el plan fiscal y con la Ley Promesa.

El gobernador Pedro Pierluisi indicó esta mañana que el gobierno le ha solicitado tiempo adicional a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ente que la semana pasada le advirtió al ejecutivo que no podía hacer valer una ley de enero que deja intactadas las tarifas que se le honran a los llamados prosumidores, que son los ciudadanos que envían energía genrada por placas solares a la Autoridad de Energía Eléctrica.

La ley objetada propone dejar intactas las tarifas hasta por lo menos el 2031. La JSF había pedido al gobierno que tenía hasta hoy para informar si el gobernador tenía o no intenciones de que se ponga en efecto la legislación que firmó.

Igualmente, le dio hasta el 19 de abril para que entregara información sobre la implementación de la ley.

“Los consumidores no tienen que tener intranquilidad alguna porque en ningún caso se puede cambiar el arreglo de medición neta que tiene cualquier residente o cualquier comercio que ya tiene un sistema solar instalado. O sea, que no importa el cambio que pueda en la ley actual o el reglamento aplicable, no va a afectar ningún contrato con los consumidores. No sé exactamente, pero estamos ya en conversaciones con la junta. Como yo indiqué anteriormente, yo pienso que es el Negociado de Energía el que debe evaluar si el sistema tarifario actual o el arreglo actual está en el interés público», dijo el ejecutivo.

“El plan fiscal de la AEE le requiere al NEPR determinar si realiza cambios al sistema de medición neta e iniciar esos cambios para el 11 de abril del 2024. La Ley 10 pospone esa fecha por al menos seis años y modificaciones de precios de los actuales y nuevos programas de medición neta por 20 años… como está, la ley contraviene el plan fiscal de la AEE”, indicó Jaime El Koury, principal asesor legal de la JSF.

Los programas de medición neta permiten que los dueños de placas solares puedan exportar la energía que producen en exceso a la AEE a cambio de un crédito. La Ley 10-2024 emana del Proyecto del Senado 1064, firmado por los populares Juan Zaragoza, Gretchen Hau, Javier Aponte, Migdalia González, Rubén Soto. Además, el penepé William Villafañe y Joan Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad.

La Exposición de Motivos del proyecto anticipa que reducir el crédito que reciben los llamados prosumidores -que es supuestamente la intención de la JSF- “se puede interpretar como otro esfuerzo para imponer un “impuesto al sol”, asunto que ha sido y debe ser rechazado contundentemente, lee la medida.

“Este tipo de imposición abonaría al deterioro del atropellado mercado que intenta crecer y retrasaría la recuperación económica del país”, continúa la legislación. “Cualquier esfuerzo para debilitar el programa de medición neta sería contraproducente para el país”, indica el proyecto.

La JSF indicó que, bajo el escenario actual de medición neta, los participantes reciben un crédito de una hora por cada kilovatio que exportan a la AEE. No obstante, recalca dos asuntos: que en algunos casos la factura de la luz de los prosumidores “puede ser reducida materialmente” por los sistemas de energía renovable, a pesar de que estos clientes se mantienen interconectados al sistema para continuar dependiendo de este durante las noches. Además, el ente fiscal señala que los costos fijos de mantener el sistema eléctrico, como las líneas de transmisión están incorporados en las tarifas de la AEE.

“Por lo tanto, los costos operacionales y de mantenimiento de la AEE dependen desproporcionalmente de consumidores que no quieren o no pueden participar del actual programa de medición neta”, indicó el organismo que controla las finanzas y la política pública en el país.

La JSF también entiende que la ley firmada por el gobernador Pedro Pierluisi impide el requisito del plan fiscal de que el NEPR opere de manera independiente.

Según El Koury, la nueva ley, aprobada sin vistas públicas y sin un estudio que la respalde, impide que el NEPR realice cambios al programa de medición neta y ordena al NEPR a realizar nuevamente un estudio que por ley tenía que preparar. Agregó que “este tipo de interferencia” en los asuntos de la AEE “es una de las causas de raíz de los retos que enfrenta actualmente”.