Como resultado de una convocatoria publicada en octubre de 2023 para la solicitud de fondos estatales, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), otorgó $2.3 millones que serán distribuidos en 36 entidades, municipios y universidades para garantizar los servicios de emergencia y ambulatorios a víctimas sobrevivientes de violencia de género.

A través de estos fondos, anunció hoy la procuradora interina Madeline Bermúdez Sanabria, la Rama Ejecutiva se asegura del desarrollo pleno de las mujeres y promueve la igualdad y la equidad. También, de contribuir a la erradicación de todas las manifestaciones de discrimen y violencia, así como fomentar y hacer cumplir las políticas públicas que garantizan los derechos humanos de las mujeres.

Las entidades solicitantes seleccionadas para esta asignación fueron: Casa la Providencia, Casa Protegida Julia de Burgos, Centro de la Mujer Dominicana, Hogar Santa María Eufrasia Pelletier, Escuela de Medicina San Juan Bautista, Fundación Sila M. Calderón, Hogar Ruth, Instituto de Psicotraumatología de Puerto Rico, Instituto Especial de Individuo Familia y Comunidad, Programa del Adolescente de Naranjito, Rehaciendo Comunidades con Esperanza y Waves Ahead, Corp.

De igual forma, recibirán fondos los siguientes 12 municipios: Aguadilla, Coamo, Guayama, Juncos, Toa Baja, Gurabo, Naranjito, Rio Grande, Salinas y Vega Baja porque sirven como una entidad de acceso directo a la ciudadanía.

En cuanto a universidades fueron elegidas la Universidad de Puerto Rico y su Escuela de Derecho. También, la Universidad Interamericana.

La procuradora detalló que las áreas de interés de esta propuesta son “fortalecer los servicios de apoyo de albergues de emergencia a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, violencia en cita, acecho, mujeres sin hogar, exconfinadas; LGBTTQIA+ y trata humana. Lo mismo sucede con los servicios de albergues o programas ambulatorios a víctimas de violencia de género, situaciones concurrentes de salud mental. También, fortalecer o promover programas innovadores especializados en violencia sexual, los programas de servicio directo en horarios no tradicionales y los programas de servicios legales, asistencia y representación legal en situaciones de violencia de género”.

La asignación está destinada para apoyar y reforzar proyectos ya existentes de autosuficiencia económica dirigidos a mujeres de ingresos bajos y moderados, que incluyan apoyo psicosocial y coordinación de servicios, robustecer los programas y servicios de salud sexual y reproductiva y fortalecer programas y servicios de prevención y educación con estrategias innovadoras sobre violencia y discrimen por género. De igual modo, fortalecer las áreas de administración, contabilidad y finanzas de proyectos de albergue y programas de servicios ambulatorios existentes que ofrezcan servicios a mujeres sobrevivientes de violencia género.

Bermúdez añadió que “la prioridad en la asignación de estos fondos estuvo dirigida al apoyo de servicios directos a las víctimas de violencia de género que sean ofrecidos por organizaciones sin fines de lucro, de base de fe, comunitarias y coaliciones especializadas y reconocidas por su trayectoria.

“En nuestra oficina seguimos enfocados en fortalecer las estrategias y servicios para erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones y brindar todas las herramientas necesarias para salir del ciclo del maltrato y la violencia en una relación”, finalizó.