La medida dispone que se podrá ordenar el cierre “cuando haya motivos fundados para creer que se trastorna la sana convivencia pública”.

Un proyecto de ley facultaría a los gobiernos municipales cerrar negocios amparándose en la seguridad pública y sin que tenga que mediar una orden judicial ha sido radicado en días recientes en el Senado.

Para el mes de mayo, la incapacidad de los gobiernos municipales para cerrar locales sin la intervención judicial fue tema de discusión pública luego del asesinato de dos estudiantes turistas en la Calle Loíza, en Santurce. Para ese entonces trascendió que el negocio en que compartieron no cumplía con una serie de permisos, pero el gobierno municipal de San Juan tuvo que acudir al tribunal para ordenar su cierre.

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Eso provocó que el gobernador Pedro Pierluisi indicara que evaluaba presentar un proyecto de ley para enmendar la Ley de Permisos con la intención de que los municipios autónomos tuvieran la facilidad de cerrar negocios por incumplimiento.

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El Proyecto del Senado 1354, de los senadores populares José Luis Dalmau Santiago y Ramón Ruiz Nieves, enmienda el Código Municipal en varias instancias para, como se indica en la Exposición de Motivos, “ampliar la facultad de los gobiernos municipales para reglamentar y establecer un mayor control en la seguridad pública en sus jurisdicciones sobre aquellos establecimientos comerciales”.

Así se enmiendan, con lenguaje amplio y general, los artículos de Poderes del Municipio y Facultades del Alcalde, entre otros para consignar que el primer ejecutivo municipal podrá ordenar el cierre temporero o permanente de negocios “cuando haya motivos fundados para creer que se trastorna la sana convivencia pública”.

Señala que si se busca el cierre permanente sí se tendrán que llevar a cabo vistas públicas e igualmente tendrá que intervenir un oficial examinador en el proceso.

El proyecto ha sido referido a la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda.