La AFV consumó la compraventa de seis propiedades ubicadas en la calle San Agustín del barrio más antiguo de Puerto Rico, las cuales estuvieron por muchos años destinadas a vivienda a bajo costo, indicó el PIP.

El director legislativo de la oficina de la senadora María de Lourdes Santiago, el licenciado Adrián González Costa, denunció que la Administración para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) consumó la compraventa de seis propiedades ubicadas en la calle San Agustín de Puerta de Tierra, el barrio más antiguo de Puerto Rico, las cuales estuvieron por muchos años destinadas a vivienda a bajo costo.

Según González Costa, en los pasados 20 años el gobierno se negó a rehabilitar las estructuras, que ahora pasan a la extensa lista de propiedades en manos de inversionistas privilegiados por la Ley 22.

La transacción, de acuerdo con el excandidato a la alcaldía de San Juan por el PIP, se dio a través del otorgamiento de la escritura pública 1 el pasado 12 de enero en la que compareció la AFV vendiendo a la empresa Massri 3, representada por el inversionista Chaim Hazan, un total de seis propiedades ubicadas en la calle San Agustín 212 y 214, de Puerta de Tierra, por el precio de 760,000 dólares.

Declaró que según se desprende de la escritura, al momento del gobierno adquirir dichas propiedades en el 2001, las estructuras totalizaban un valor de 2.5 millones de dólares.

“Con esta transacción el señor Hazan se convierte en dueño de prácticamente una cuadra completa en Puerta de Tierra y de un total de casi 20 propiedades en dicho barrio, lo que ya había provocado el desplazamiento físico de decenas de familias en la zona. Pero esta vez, ha sido la agencia encargada de garantizar acceso a la vivienda en Puerto Rico, la facilitadora para que propiedades públicas sean destinadas a cualquier cosa, menos vivienda accesible”, señaló el asesor legislativo.

Recordó que "cuando hicimos la denuncia, la AFV se defendió alegando que las propiedades iban a ser vendidas al doble de tasación y que las mismas llevaban abandonadas 20 años. Surge un mar de dudas en cuanto al precio de tasación, toda vez que se están vendiendo por menos de una tercera parte del valor original. A modo de ejemplo, la propiedad marcada como (A) fue vendida a un precio de $9,594.47. Además, si estuvieron dos décadas abandonadas fue por descuido del propio gobierno. Ahora penalizan al pueblo por su negligencia. Penalización doble, primero por los fondos públicos que en su día se invirtieron en esas propiedades y, segundo, por cerrarle la puerta a cientos de familias a la oportunidad de poder tener una vivienda a un costo razonable”.

Aseguró además que “ninguna de la actividad comercial que se genere como producto de dicha transacción tendrá un impacto significativo en el desarrollo económico de Puerto Rico, mucho menos de la zona. Al contrario, las ganancias que genere el señor Hazan no generan un centavo de contribuciones por estar exentas al amparo de la Ley 22 y, por otra parte, se sigue agudizando el problema de acceso a la vivienda en el país. El problema de fondo siguen siendo los privilegios contributivos que hacen de Puerto Rico un paraíso fiscal, con el gobierno actuando como el facilitador de los nuevos latifundios urbanos“.