Piden alternativas, sea de fondos estatales o federales.

Portavoces de las uniones de varias corporaciones públicas exigieron al gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia que busque alternativas para pagarles el Bono Especial, ante la negativa de la Junta de Supervisión Fiscal.

“No vamos a desistir de nuestro reclamo, aunque la Junta haya rechazado que nos otorguen la bonificación especial. La posición de la Junta de Control Fiscal no cierra la puerta a otras alternativas. Lo que hacen es reafirmar nuestra posición de que el gobierno de Pedro Pierluisi puede identificar fondos sean estatales o federales”, dijo el presidente de la Unión Independiente Autentica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis de Jesús en declaraciones escritas.

La Junta rechazó la petición que hiciera el gobernador Pedro Pierluisi Urrtutia de extender a otros empleados públicos la bonificación especial otorgada a las agencias que forman parte del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).

Unos 98,270 empleados de distintas dependencias del gobierno de Puerto Rico recibieron el pasado 1 de diciembre un bono especial de $2,954, según establecido en el PAD del Gobierno Central. Además, el PAD estableció un bono mayor a los $9,452 empleados representados por la Unión de Servidores Públicos Unidos (SPU)/ AFSCME quienes recibirán $11,360 debido a que apoyaron el Plan de Ajuste.

Sin embargo, ante reclamo de que la bonificación especial sea otorgado a todos los empleados públicos del Gobierno, estén o no cobijados por el PAD, el gobernador solicitó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) que evaluara con la JSF la posibilidad de el desembolso, lo que fue rechazado el pasado viernes.

El presidente de Prosol Utier- de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Ángel Pinto, señaló que “nos reafirmamos que es una obligación moral otorgarnos ese bono y el gobierno de Pierluisi tiene que actuar a favor de todos los empleados públicos, sin excepción.”

Entretanto, la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, Jannell Santana, argumentó que “nuestro reclamo no dependía de la respuesta de la Junta, lo mantenemos ante el gobernador que ha reconocido que los fondos se han identificado como sobrantes o en el presupuesto de las corporaciones públicas concernidas y que pueden utilizarse para atender nuestro reclamo. Este es el momento en que el gobernador tiene que ejercer su voluntad política en favor de empleados públicos que, como él ha reconocido, han tenido sus salarios congelados por más de 10 años. Este bono no es una dádiva, ya que todas y todos hemos aportado al país.”

Finalmente el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Emilio Nieves, señaló que “desconocemos por qué el Gobierno menciona que son 60 millones de dólares, cuando nuestros estimados no superan los 36 millones de dólares. Exhortamos al gobernador a dar curso a las alternativas que existen para viabilizar el pago de este bono especial. Nuestras acciones de reclamo van a continuar.”