La muerte ocurrió el 30 d septiembre y la víctima no presentaba signos de violencia

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, ordenó el lunes una investigación sobre las circunstancias en que falleció un testigo en el Albergue de Protección a Víctimas y Testigos.

Según la investigación preliminar, la muerte, sin causa determinada, ocurrió el 30 de septiembre en el albergue, donde el testigo se encontraba desde el 26 de junio. Se investiga si la causa fue una sobredosis de sustancias controladas, pues no presentaba signos de violencia y en el lugar se ocupó parafernalia.

“Las circunstancias que, según informes preliminares, rodean la muerte de una persona en el albergue son inaceptables. No obstante, independientemente de la causa del fallecimiento, hemos tomado las medidas para fortalecer la vigilancia. No vamos a esperar al final de la investigación, sino que desde ya estamos reforzando los protocolos de seguridad para prevenir un futuro incidente de esta índole. Esto es parte de nuestra responsabilidad, por lo que la asumimos con agilidad y de manera contundente,” manifestó el secretario en comunicación escrita.

“Desde que iniciamos la administración de la agencia, rehabilitar el albergue ha sido una prioridad encaminada con la mayor diligencia, a pesar del retraso inaceptable experimentado por los pasados cuatro años y los trámites burocráticos que ha requerido el proceso, por involucrar gestiones con múltiples agencias, tanto federales y locales. Precisamente, a raíz de las gestiones iniciadas por nuestro equipo de trabajo, la semana pasada recibimos la confirmación de que el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, asignó $6 millones al albergue provenientes de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés). Dicha cantidad era necesaria para completar los trabajos de rehabilitación de la infraestructura, incluyendo dormitorios y sistemas de vigilancia”, añadió.

De manera inmediata, como parte de las medidas cautelares, el Departamento de Justicia enmendó los protocolos de seguridad y encomendó incrementar la vigilancia dentro y fuera de las instalaciones, entre otras.

El Departamento de Justicia había logrado la aprobación de $4.3 millones por parte de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), para la rehabilitación estructural y reparación de los daños ocasionados por el huracán María al albergue. Sin embargo, la asignación efectuada la semana pasada era necesaria para completar el presupuesto requerido para realizar los proyectos de rehabilitación.