El acuerdo se circunscribiría al proceso de descubrimiento de prueba, en que podrían aparecer datos sensitivos como récords bancarios, números de seguro social y direcciones de residencias, entre otros.

Tanto la fiscalía federal como los abogados de los acusados concurrieron en emitir una orden protectora en el caso federal encabezado por el exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Nelson Del Valle Colón, con el propósito de proteger información confidencial y sensitiva.

De acuerdo a la jueza federal Silvia Carreño Coll, las partes firmarían el acuerdo de confidencialidad durante la próxima semana, de no tener objeciones al documento que circule el fiscal Scott Anderson. De lo contrario, sería la magistrada quien elabore el escrito.

El acuerdo se circunscribiría al proceso de descubrimiento de prueba, en que podrían aparecer datos sensitivos como récords bancarios, números de seguro social y direcciones de residencias, entre otros. Esta información de ordinario es protegida, según Carreño Coll.

Del Valle Colón fue arrestado junto a dos empleadas de su oficina legislativa el pasado 20 de agosto y los tres se declararon no culpable ante el Tribunal Federal por un alegado esquema fraudulento de sobre $100,000.

Durante la vista, el legislador estuvo representado por los abogados José B. Vélez Goveo y Lester Arroyo Crespo.

Las otras dos personas arrestadas fueron Mildred Estrada Rojas y su hija, Nickolle Santos Estrada, ambas empleadas del representante.

Estrada Rojas dirigía la oficina de Del Valle Colón y fue representada por Víctor A. Ramos Rodríguez, mientras que Santos Estrada fue directora de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Comercio, que presidía el representante. En la vista, fue representada por Wilfredo Diaz Narváez.

Los cargos contra Del Valle incluyen soborno en la modalidad de comisiones ilegales, o “kickbacks”, conspiración para cometer fraude electrónico, robo de fondos federales y obstrucción a la justicia.

De acuerdo con la acusación, Del Valle Colón infló los salarios de Estrada Rojas, Santos Estrada y de otra persona, identificada en el pliego acusatorio como "Persona A", para que las empleadas le devolvieran parte del dinero. Esta práctica llevó a que Del Valle Colón obtuviera ganancias ilegales de más de $10,000.

Igual que en el caso de su correligionaria María Milagros "Tata" Charbonier Laureano, los acusados borraron los mensajes que habrían enviado mediante la aplicación Whatsapp, aún cuando sabían que eran objeto de investigación federal.

El legislador renunció a su escaño seis días después de la acusación y su arresto. En las primarias, Del Valle Colón sufrió una derrota para el cargo que ocupaba como representante del distrito de Bayamón y Toa Alta.