Las autoridades federales acusaron esta semana a siete personas por supuesta pornografía infantil, activando la alarma ante el aumento de este tipo de casos en los últimos seis años.

'Desde que comenzamos la Operación Depredador en el 2003 y hasta el 2009, el ICE ejecutó 57 arrestos relacionados a la posesión, distribución de pornografía infantil, así como la transportación de un menor con la intención de sostener una conducta sexual criminal. En el periodo de siete años, del 2010 al 2016, el número de arrestos aumentó a 242, lo que representa un crecimiento de 334 por ciento. Si a estos le sumas los que llevamos este año que vamos por 28, estaríamos hablando de un aumento de 373 por ciento, comparado con los primeros años desde que comenzó la iniciativa. Y ese tipo de actividad es preocupante', dijo el agente especial del ICE, Orlando Báez, en conferencia de prensa.

El fiscal federal Marshall Morgan explicó que a dos arrestados se les acusa además del delito de promoción de pornografía infantil. Se explicó que el delito ocurre cuando la persona promociona en programas de compartir contenido de persona a persona (peer to peer) o de conversaciones por internet (chat rooms) y da a conocer que tiene pornografía infantil disponible para compartir.

'Este no es un cargo nuevo, pero si estamos comenzando a investigar esos casos ahora. Ese cargo conlleva una pena mínima mandatoria de 15 años', dijo Morgan.

A los imputados, Gabriel Cañas Guerrero, Christian Joel Lorenzo Feliciano, Víctor Gadiel Reyes Rodríguez, Ángel Luis Sepúlveda Ramos, Vidal Berríos Dávila, Francisco Javier Alicea Báez y Martín Suárez Imbert, enfrentan cargos de distribución y posesión de pornografía infantil, promover y transportar a menores para sostener actividades sexuales.

Los sujetos utilizaban las redes sociales y de comunicación de persona a persona para contactar a los menores.

Todos los imputados enfrentan confiscaciones de equipo y material de pornografía infantil como computadoras, teléfonos móviles, entre otros. De ser hallados culpables enfrentan penas desde 15 a 30 años de cárcel.