La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Velez anunció el lunes el arresto de 12 empleados del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín por supuestamente transportar 20 toneladas de cocaína.

La acusación solicita la confiscación de 100 millones de dólares. Según la fiscal federal, con estos arrestos se desarticula la organización que supuestamente utilizaba el aeropuerto LMM para llevar cocaína a Estados Unidos.

Según la acusación, los empleados de la Agencia Federal de Seguridad en el Transporte (TSA), enviaban maletas de mano que contenían entre 8 a 15 kilogramos de cocaína, para lo cual utilizaban hasta cinco mulas en cada vuelo, cada uno con dos maletas. Desde 1998 hasta el 2016 los imputados ayudaron a transportar 20 toneladas de cocaína desde el aeropuerto LMM.

Seis de los ahora exempleados de TSA, José Cruz López, Luis Vázquez Acevedo, Keila Carrasquillo, Carlos Rafael Adorno Hiraldo, Antonio Vargas Saavedra y Daniel Cruz Echevarría, transportaron múltiples cantidades de cocaína mientras trabajaban en la agencia federal. Los exempleados les realizaban un chequeo falso a las maletas de mano, para que pudieran pasar a los aviones sin ser detectados.

Edwin Francisco Castro, Luis Vázquez Acevedo y Ferdinand López eran los facilitadores entre las organizaciones de narcotráfico y los empleados de TSA que permitían la entrada del equipaje a los vuelos. Miguel Ángel Pérez Rodríguez, quien era empleado de seguridad del aeropuerto, se encargaba de llevar la cocaína de la organización de narcotráfico.

Javier Ortiz, quien era maletero en el aeropuerto, recogía las maletas que sabía que contenía cocaína de las mulas en la mesa de registro. Una vez las maletas tenían el visto bueno de TSA, las llevaba a los vuelos designados y se aseguraba de que ningún perro o personal de seguridad estuvieran presentes en el proceso de llevar la maleta del punto de registro al avión. Una vez en el avión, Ortiz llamaba a un enlace de la organización criminal para dejarles saber que las mulas estaban en el avión.

De ser hallados culpables, los imputados enfrentan desde 10 años hasta vida en prisión.