La fiscal general de EE.UU., Loretta Lynch, anunció hoy que el Gobierno ha presentado cargos contra 301 individuos por defraudar hasta 900 millones de dólares dentro de un esquema de fraude medico dedicado al lavado de dinero, falsificación de facturas de medicamentos y robo de identidad.

En una rueda de prensa en el Departamento de Justicia, Lynch aseguró que este es 'el mayor golpe' contra el fraude médico de la historia, debido al gran número de personas acusadas, entre las que se encuentran 61 doctores, enfermeras, propietarios de clínicas y otros profesionales médicos.

Además, de manera coordinada, los departamentos de Justicia y de Salud y Servicios Humanos llevaron a cabo acciones judiciales en 36 distritos federales en diferentes estados como Florida, California y Texas, la mayor extensión de una investigación de fraude médico hasta ahora.

'Esta acción debe dejar claro que el fraude médico no es una violación abstracta o una ofensa benigna. Es un crimen muy serio', resaltó Lynch.

Más de las 60 personas arrestadas han sido acusadas de cargos de fraude relacionados con la prescripción irregular de medicamentos dentro del programa 'Medicare', un plan de salud administrado por el Ejecutivo y destinado a las personas mayores de 65 años.

En un comunicado de prensa se informó que como parte del operativo se acusó a siete puertorriqueños.

Para el 15 de junio de 2016, un gran jurado federal emitió una acusación criminal contra Arlene Carlo Montalvo de 48 cargos por supuesto robo o malversación de fondos en relación con el cuidado de la salud, 48 cargos de fraude electrónico, dos cargos de uso indebido de número de seguro social, y dos cargos de acusación robo de identidad agravado.

Los cargos criminales contra Carlo Montalvo se refieren a un supuesto esquema o artificio para defraudar a Medical Card System Inc., también conocida como MCS, en la cantidad de 219,508.56 dólares, por medio de pretextos fraudulentos y el uso de números de seguro social asignado a otras personas. Carlo Montalvo, como empleado de MCS, creó un proveedor ficticio y manipulaba el sistema para presentar facturas falsas por servicios no prestados.

Otras seis personas se enfrentan a acciones civiles por supuestamente obtener fraudulentamente los beneficios con la presentación de información falsa y con salarios que superaron los 50,000 dólares.

Los individuos acusados se enfrentan a penas de entre 5 y 20 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, fraude y falsificación de identidad, dijo a Efe el fiscal del distrito Sur de la Florida, Wifredo Ferrer.