Jeremy Ruiz Tomassini cumple hoy un año preso. ¿Su delito? Prender un cigarrillo de marihuana frente a su escuela y compartirlo.

Para ese entonces, el joven cursaba su cuarto año de escuela superior en la Escuela Vocacional de la Base Ramey. Ahora el joven duerme en la cárcel Guerrero en Aguadilla – cárcel de máxima seguridad en que las celdas se comparten con asesinos, violadores – luego de que un juez lo condenara a cuatro años de cárcel por posesión de una sustancia ilegal en una zona escolar.

Para exigir justicia en el caso de Jeremy, hoy, jueves, a las 4 de la tarde, se realizará una manifestación frente al Capitolio, convocada por la organización Free Juana, que desde noviembre del 2014 exige el indulto de Jeremy al gobernador Alejandro García Padilla.

Free Juana ha exigido en numerosas ocasiones la descriminalización de la marihuana, por su impacto económico en el país – todos los recursos que se gastan en procesar y encarcelar a las personas –, pero sobre todo, por su impacto social.

'Odian tanto que una persona consuma cannabis como para quebrar el país, como para que los pacientes de cáncer no tengan acceso a esta medicina, como para que los jóvenes pierdan su vida dentro de la cárcel que no rehabilita?', cuestionó la licenciada Shadiff Repullo, portavoz de Free Juana, en entrevista radial.

El Estado gasta entre 60 mil y 120 mil dólares al año por cada persona convicta por posesión de marihuana que duerme en la cárcel. 'Estamos diciendo que si vamos a seguir gastando miles de dólares en atormentar personas en un sistema de corrección que no funciona, que hay hacinamiento, que no hay buena comida, que no hay rehabilitación', precisó la licenciada.

Generalmente, las personas condenadas por posesión de marihuana pasan unos tres años en la cárcel. La pena más severa de cuatro años para Jeremy se ancla en el artículo 411a, que prohíbe que se introduzca, distribuya, administre, posea o transporte droga dentro de una escuela o parque.

Sin embargo, incluso el director de la División de Drogas de la región noroeste Marcos Martínez en aquel momento reconoció que la condena era 'muy alta' para el delito que había cometido el joven.

La licenciada también criticó las estrategias de intimidación que utilizó Fiscalía contra Jeremy, amenazándolo con condenarlo a doce años si no se declaraba culpable, lo cual 'es mentira', sostuvo. 'El Estado inescrupulosamente a través de Fiscalía engañó a un joven para que se declarara culpable', manifestó.

Por otra parte, la orden ejecutiva que emitió en septiembre el Gobernador, en la cual establece que procesar a una persona por posesión de seis gramos o menos de marihuana no sería prioridad a la hora de designar recursos policiacos para hacer valer la ley, es prospectiva, por lo que no aplica directamente al caso de Jeremy, convicto en octubre del 2014.

Jeremy ha dicho que fumaba marihuana porque lo ayudaba a concentrarse. En los países en que la marihuana es legal, sostuvo Repullo, se receta esta sustancia en casos de déficit de atención. Para casos tan sencillos como esos, o para pacientes de enfermedades que provocan dolores fuertes que solo el cannabis puede remediar, es muy peligrosa poner la sustancia en garras criminales.

'El Gobierno está poniendo esta medicina en manos de personas inescrupulosas, en lugares peligrosos, y está haciendo que los pacientes vayan a allí. Están obligando a los jóvenes a esconderse de sus padres, a fumar en lugares que no son adecuados, de forma incorrecta', objetó.

La fundación Free Juana es una organización sin fines de lucro que reúne entidades e individuos para educar sobre el uso responsable del cannabis y sus beneficios medicinales.