El Departamento de Justicia radicó esta mañana tres cargos de asesinato en primer grado y otro por conspiración, contra una ganga que supuestamente mató a tiros al procurador de menores Antonio Barceló Jimenez y a sus dos hijas, en 2004. De los diez individuos involucrados en el crimen, cinco ya habían sido asesinados.

Se les encontró causa y la jueza Lorraine Biaggi impuso una fianza global de $1,750,000.

El fiscal Martín Ramos Junquera precisó que el asesinato fue una equivocación. 'Ninguna de las balas que sesgaron la vida de la Familia Barceló iba dirigida a ellos', confirmó previo a la conferencia de prensa, que se llevará a cabo en el cuartel general al mediodía.

Los otros fiscales en el caso son Phoebe Isales y Sergio Rubio.

El Procurador, quien servía en el mismo Tribunal de Bayamón en el que esta mañana fueron radicados los cargos, tenía 51 años cuando, en la madrugada del 11 de diciembre de 2004, viajaba por la carretera número 2, frente a San Patricio Plaza en Guaynabo.

El vehículo recibió una lluvia de balas que mataron al hombre, quien es sobrino político del exgobernador Carlos Romero Barceló, y a dos de sus hijas, Laura G. Barceló Rosario, de 15 años, y Yahaira Barceló Segarra, de 24.

'Al fin de diez años, aquí se hace justicia. Lo principal es eso: la tranquilidad de que aquí no se va a matar a más nadie', expresó Josefina Barceló, hermana del ociso, quién se presentó al Tribunal.

Los acusados son Israel 'Tito' Sánchez de la Rosa, Alex 'Chichi' Rivera Huertas y Billy De Jesús Reyes, quién fue arrestado en la tarde del lunes, en el residencial Manuel A. Pérez, así como otros dos individuos, que aún no han sido arrestados. Dos de los presuntos criminales ya se encontraban en prisión, Sánchez de la Rosa por violación a la Ley de Armas, y Rivera Huertas por cometer asesinato.

Además de las víctimas mortales, en el vehículo estaban María Barceló Rosario, de 12 años, Sara Barceló Rosario, de 13, y Lee Jana Limang, de 14, quienes resultaron heridas. El Procurador había recogido a sus hijas y a una amiga, Jana, en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, donde el grupo había disfrutado de un concierto de reguetón.

Desde el principio, la Policía estableció una teoría de que el vehículo del Procurador fue acribillado por error. Luego en 2007 el exsuperintendente Pedro Toledo dijo que individuos arrestados e operativos en Aguas Buenas y Río Piedras estaban relacionados pero no hubo movimientos. Al asumir el cargo, el actual superintendente, José Caldero, incluyó este crimen en una lista de los delitos sin resolver en los que quería concentrar recursos.

'Desde que creamos la División Especializada de Crímenes Mayores a cargo del teniente Ferdinand Acosta Prosper han sido largas horas de trabajo investigativo que han rendido frutos. Este es un ejemplo que a dos días de cumplirse 10 años de la muerte de esta familia la Policía de Puerto Rico sigue comprometido con el esclarecimiento de estos casos que han conmocionado al País. Agradezco el trabajo y el esfuerzo del Departamento de Justicia para que este caso fuera llevado ante los tribunales', sostuvo el superintendente, José Caldero, durante conferencia de prensa.

Por su parte, el secretario de Justicia, César Miranda, expreso que 'reitero lo que he manifestado en varias ocasiones: no importa el tiempo transcurrido, vamos a continuar trabajando hasta esclarecer los serios casos de asesinatos que aún quedan pendientes. La unión entre el Departamento de Justicia, con la fiscal Phoebe Isales, y el grupo de Crímenes Mayores de la Policía, funcionan, está dando resultado'.