A partir de hoy, 1 de octubre, todo vehículo que transite por alguna de las tres intersecciones con cámaras de seguridad privadas y contratadas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) quedará identificado con el nuevo SIstema de Monitoreo Electrónico de Intersecciones y Tránsito, tambien conocido como SIMONE.

Ese proyecto, implantado en la Isla a través de la compañía International Traffic Systems (ITS), permitirá, entre otras cosas, identificar velocidades de los automóviles, si rebasan una luz roja o, incluso, si el conductor del vehículo no tiene los permisos en ley para conducir el vehículo de motor (marbete).

El contrato de esa empresa, cuyo registro en Puerto Rico se hizo en junio del 2013, dispone que todas las tabillas de los carros serán registradas en el sistema operado y supervisado por empleados contratados por la compañía. Asimismo, presenta que de no proceder con la identificación de todas las matrículas, entonces se reportarán aquellas cuyos choferes hayan incurrido en alguna falta administrativa.

Las cámaras de imágenes y videos permitirán, también, comparar la información de las tablillas para comparar con un registro de datos de ofensores criminales o aquellos vehículos reportados desaparecidos o robados. Por disposición del contrato, toda la data que levante el sistema y la que se someta al Gobierno relacionada al contrato y operación del sistema es confidencial.

Los fondos que se recauden por la expedición de multas irán, de acuerdo al contrato, a una cuenta única de la Autoridad de Carreteras (ACT) que se utilizarán específicamente para el mantenimiento y supervisión del proyecto electrónico.

En los primeros 12 meses, el 55% del dinero recaudado será para el DTOP y el restante 45% para International Traffic Systems. Al año siguiente, la cantidad de la agencia estatal aumenta a 60% y la de la compañía se reduce a un 40 hasta llegar a un 30% en el quinto año, término en el que vence la negociación. A pesar de este esquema de cinco años pactado en contrato, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) presentó el sistema como un 'programa piloto'.

Con SIMONE no es necesaria la intervención de un agente de ley y orden pues el mismo personal contratado por ITS tendrá la facultad para decidir si un conductor cometió alguna falta que conlleve la presentación de una multa administrativa que, en el peor de los casos, podría ser hasta de $250 dólares con rebasar una luz roja.

Esos empleados, que según el documento deben ser contratados en Puerto Rico, trabajarán desde un centro de mando que operará las 24 horas al día los 7 días a la semana y funcionará como un ente examinador de toda la información que el sistema electrónico recopile.

Una vez el oficial de esa empresa determine si procede o no una falta, la entidad enviará una misiva al dueño del vehículo con su nombre completo, fecha de la falta, lugar, tablilla y el equipo que tomó la fotografía. El ciudadano podrá solicitar, mediante una vista administrativa, un recurso de revisión, gestión que no puede exceder los 15 días, pues de lo contrario la infracción será final y firme. El contrato no dice si el esquema de compensación del oficial que revise las multas es uno de salario fijo o si es de comisión basado en las multas que la empresa cobre.

Si el ciudadano aún no está conforme con el proceso administrativo, podría acudir entonces al foro judicial, en este caso el Tribunal Apelativo para que se le elimine la infracción. Esto dicta una notable diferencia con el proceso de un boleto regular que provee de 30 días para la revisión en una sala del Tribunal de Primera Instancia. Sobre ese particular, Javier Echevarría Vargas, exsecretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), levantó dudas y cuestionamientos.

'Presentar un recurso en el Apelativo con todo lo que ellos significa, la carga económica e impugner un boleto de $50 y gastar $500 en el proceso, pues me parece irrazonable. El proceso debe ser accesible y de realidad, no uno que esté expuesto para exponer ante el público que se están salvaguardando sus derechos propietarios. Lo que hay no puede ser', indicó el también profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Ponce.

Con relación a ese punto, Echevarría Vargas solicitó a la Asamblea Legislativa que evalúe minuciosamente bajo qué terminos y condiciones se dio el contrato entre DTOP e ITS que, de ser cancelado, le costaría al gobierno $6 millones. El contrato fue firmado en diciembre de 2013, seis meses después de que se incorporara en Puerto Rico ITS, y sin seguir un proceso de subasta.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes, Nelson Torres Yordán, solicitó, mediante carta, al secretario del DTOP una moratoria de 30 días sobre la implantación del proyecto piloto.

'Queremos que los conductores tengan la confianza plena en un sistema que impartirá boletos por no seguir las reglas de tránsito. Por eso, le estamos pidiendo al secretario otorgar boletos de cortesía con el fin de orientar a la población durante el primer mes de implantación del sistema y poder aclarar todos los cuestionamientos públicos', comentó en declaraciones escritar el legislador sobre la misiva enviada a Miguel Torres.

Justo un día antes de su implantación, esa comisión cameral estudiaba una resolución que busca prohibir el que empresas privadas de televisión por cable le cobre al consumidor por enviarle una facture mensual a su residencia.

Al ser cuestionado por este medio sobre la diferencia entre esa gestión y la que comenzará a a emitir el DTOP, Torres Yordán aseguró que no es lo mismo, aunque, en síntesis, el trámite es igual.

'El estado no te está cobrando por enviarte la multa, el estado te envía la multa. Es lo mismo que el policía estuviera allí si te comieras una luz roja. Otra cosas es enviarte el cobro por la fotomulta y en este caso no es así', declaró.

Contrato de International Traffic Systems para fotomultas - NotiCel_8796