Como una nueva medida tras el fallo repetido de que se obedezcan órdenes previas, el juez federal Gustavo Gelpí ordenó ayer que cinco pueblos abran permanentemente las urbanizaciones cerradas que no tienen guardias de seguridad y que tampoco han provisto mecanismos de accesos como los que solicitó la organización religiosa Testigos de Jehová.

Los religiosos sostuvieron en un pleito, y el juez avaló, que los cierres de urbanizaciones afectan su libertad de culto. En órdenes previas, el juez había dispuesto que a los religiosos se les facilitara acceso mediante los guardias y, en las urbanizaciones sin guardias, mediante la entrega de códigos de acceso o 'beepers'.

Con las órdenes de ayer, el juez atiende urbanizaciones que no tienen guardia, ni tampoco han provisto acceso. En una señal de que el alcance del caso todavía puede ampliarse, el juez ordenó que para el 2 de mayo las partes le sometan escritos sobre cómo manejar el acceso en residenciales públicos en términos de si son los municipios o el gobierno central los que tienen el control de esos accesos.

El razonamiento del juez es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha determinado reiteradamente que bajo el ordenamiento legal de la isla no existen las carreteras 'privadas', por lo que no se puede cerrar el acceso de los religiosos a carreteras que son 'públicas' aunque estén tras un control de acceso.

Las órdenes de ayer cubren los municipios de Trujillo Alto (Haciendas Rivero, Lago Alto, y Nuestra Señora de Lourdes), Ponce, Guaynabo, Gurabo (Ciudad Jardines, Preciosa y Heavenly View), y Dorado (Brighton Country Club de Dorado). En Caguas, proveyeron acceso a 23 urbanizaciones pero está vigente la controversia sobre los residenciales públicos, mientras que en San Juan, el municipio escapó la orden al proveer acceso a 51 urbanizaciones.

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