Tal y como adelantó NotiCel, el superintendente de la Policía, Hector Pesquera, ya recibió el informe que le presentó un perito estadounidense que contrató para evaluar la pesquisa a nivel policial del asesinato del niño Lorenzo González Cacho, pero aún no lo ha discutido con el saliente secretario de Justicia, Guillermo Somoza, ni con la fiscal del caso, Wanda Casiano.

'Sí se recibió. Yo entiendo que lo propio aquí es discutirlo con el nuevo secretario de Justicia, Luis Sánchez, que yo estoy seguro que en su día él va a estar haciendo lo mismo en su agencia y a ver a dónde llegamos', dijo Pesquera en entrevista con NotiCel.

Este diario digital le preguntó sobre los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, si alguna, se hacen en el referido informe y si da pie a presentar acusaciones criminales contra los cuatro sospechosos, pero Pesquera no quiso soltar prenda.

'No puedo entrar en esos detalles porque todavía no hemos compartido el informe final con el departamento de Justicia, loa vamos a hacer oportunamente. Estamos esperando el momento propicio para poder discutir este y otros casos', destacó.

NC: Los hallazgos se ajustan a o lo que la Policía entiende que pasó?

'Es que si trato de contestar esa pregunta voy a entrar en el informe y no sería justo sin que ellos (Justicia) sepan lo que dice el informe', contestó.

NotiCel insistió en cuestionar si los hallazgos se ajustan a las teorías que se han publicado sobre el caso a lo que Pesquera replicó: 'Se saben ciertas cosas, lo que hay que tomar una determinación ahora es, si de las cosas que se saben existe lo suficientemente elementos para radicar unos cargos. En eso estamos y eso es una determinación que yo reconozco desde el principio que es única y exclusiva del ministerio público'.

'Todos estamos buscando lo mismo y lo que tenemos es que llegar a ciertas conclusiones y todos tenemos que llegar a las conclusiones con la cabeza, no con el corazón. Tenemos que analizar las cosas fríamente, ver los resultados fríamente y entonces determinar si hay el elemento y/o los elementos suficientes para llevar el caso en contra de uno o varias personas', destacó Pesquera, quien señaló que el informe complementa la investigación de campo que han hechos los agentes investigadores.

Los cuatro sospechosos del asesinato que consternó al pueblo puertorriqueño son: la madre Ana Cacho, el ingeniero Jesús Genaro Camacho, el agente federal de ICE, William Marrero, y Arnaldo Colón, quien no ha sido entrevistado por las autoridades.

Justicia no ha presentado cargos contra ninguno de los señalados.

Ante ese escenario, Cacho reclamó con éxito ante el Tribunal de Apelaciones que se le permita reencontrarse _en visitas supervisadas_ con sus dos hijas, quienes serían testigos esenciales si se presentan acusaciones criminales.

No obstante, Justicia y el Departamento de la Familia solicitaron al Tribunal Supremo que revoque la determinación del foro apelativo. El máximo foro aún no se ha expresado al respecto.

El niño fue asesinado en marzo de 2010 en la residencia de Cacho en Dorado del Mar. Cacho nunca fue acusada por cargos de negligencia o maltrato de menores, pese a que el menor estaba bajo su custodia en el momento en que fue asesinado. La mujer insiste en que no sabe con certeza qué pasó esa noche y cómo mataron a su hijo.

Las autoridades tienen dos teorías que ubican a la mujer en la casa en el momento en que se produjo el vil asesinato.

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