Cientos de trabajadores activos y jubilados del Departamento de la Familia marcharon desde la Plaza Colón en San Juan hasta la Fortaleza para exigir que el gobernador Luis Fortuño cumpla con la sentencia del Tribunal Superior de San Juan que ordena pagar salarios retroactivos por una aplicación incorrecta del salario mínimo federal.

La sentencia del 17 de septiembre de 2010 fue impugnada sin éxito por la secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, en el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo.

Se indicó que desde el 29 de junio de 2012, que el Tribunal Supremo confirmó la sentencia, y la secretaria Irizarry alegadamente ha recurrido a planteamientos y recursos legales para dilatar el proceso de pago.

Según Luis Pedraza Leduc, coordinador del Programa de Solidaridad UTIER, (PROSOL UTIER), expresó que el gobernador Fortuño 'está legal y moralmente obligado a cumplir con la orden del Tribunal sin mayor dilación. No cumplir con la orden debe ser motivo para que aquellos trabajadores que simpatizan electoralmente con el gobernador le repudien en las urnas'.

Sobre la posición de la secretaria Irizarry de insistir en volver al Tribunal, Pedraza Leduc sostuvo que su intransigencia le incapacita para su puesto.

Pedraza comparó las acciones de Irizarry con 'la conducta de maltrato y negligencia de un adulto hacia los menores bajo su custodia'.

'El adulto maltratante no cumple sus obligaciones, le niega los alimentos para su sustento, desafía la ley, miente y reitera la conducta prohibida. Eso es precisamente lo que hace la señora Irizarry, maltratar al trabajador', concluyó el líder sindical.