El Ministerio Público presentó 60 cargos contra una empleada del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), quien se apropió de más de seis mil dólares, informó el lunes la directora de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, Maricarmen Rodríguez Barea.

La fiscal subrayó que entre el 21 de enero de 2010 y el 24 de febrero de 2011, Maritza Rivera González, cobró directamente a diez contribuyentes que fueron a pagar en efectivo a las oficinas del CRIM, logrando apropiarse de 6,370 dólares.

'El Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de procesar criminalmente a los funcionarios públicos que no preserven a la integridad de las instituciones gubernamentales. No escatimaremos en esfuerzos ni recursos para que las personas que laboran en el Gobierno que no estén comprometidas con sus funciones y utilicen sus cargos para su lucro personal, sean procesados y paguen su deuda a la sociedad', destacó la funcionaria en un comunicado de prensa.

Dijo además que como parte de sus funciones, Rivera González completaba una hoja de cuadre diario y una hoja de depósito en la que incluía la cantidad cobrada diariamente para luego ser depositada en la cuenta del CRIM.

Para esconder la cantidad apropiada, la funcionaria no incluía la cantidad cobrada en la hoja de cuadre ni en la hoja de depósito de la cuenta de la Agencia.

La juez María de los Ángeles Rabell del Centro Judicial de San Juan, determinó causa probable para el arresto de Rivera González por los delitos de apropiación ilegal agravada, falsedad ideológica, archivo de documentos o datos falsos e infracciones a la Ley de Ética Gubernamental por utilizar su cargo y deberes para su propio beneficio y le fijó una fianza global de seis mil dólares.

El caso fue presentado por la fiscal Brenda Rosado Aponte, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, en colaboración con la agente Elizabeth Hernández del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

La imputada es buscada por las autoridades para diligenciar la orden de arresto.