El Primer Circuito de Apelaciones de Boston le ordenó al juez federal Gustavo A. Gelpí que le ordene al Departamento de Hacienda devolver unos $100 millones de dólares en cobros por concepto del seguro compulsorio, que el gobierno estaba reteniendo y usando para cuadrar el presupuesto.

El pote que de unos $100 millones vino cuando los conductores pagaban los $99 del seguro compulsorio, aún cuando ya tenían un seguro privado que cubriera el vehículo. Se supone que los conductores pidieran reembolso. El gobierno retenía el dinero en espera de reembolso, pero lo usaba para cuadrar la caja de Hacienda también.

Los jueces apelativos determinaron que el gobierno de Puerto Rico, específicamente Hacienda, violó el debido proceso de ley al crear una ley que le da derecho a los conductores a reclamar lo que se les cobre de más en seguro compulsorio, pero sin que esto esté acompañado de un requerimiento individual. En otras palabras, la gente tenía la capacidad de reclamar, pero nadie se lo informaba.

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'Lo que está en juego aquí son los derechos de debido proceso que tienen los dueños de vehículos con pólizas de seguro privadas sobre los más de $100 millones en primas, que el gobierno de Puerto Rico les cobró, y que se los deben como reembolso a esos dueños de vehículos, pero que no han sido repagados y, en vez, han sido usados para el Presupuesto General', indicó la jueza ponente, Sandra Lynch.

La decisión explica que las primas cobradas de manera duplicada están disponibles por dos años en las distintas aseguradoras privadas para que el dueño del vehículo obtenga un reembolso. Si no lo hace, pasa a Hacienda, donde se supone que lo tengan disponible para reembolso por cinco años adicionales, al cabo de los cuales el dinero pasa al Fondo General.

Hasta ahí, todo bien. El detalle que provocó la violación de los derechos, sin embargo, es que no hay un procedimiento establecido para avisarle a los dueños de que tienen ese dinero disponible ahí.

'Además de no recibir aviso sobre los procesos para el reembolso, los aseguradores no reciben avisos individuales de que sus pagos duplicados han sido transferidos de sus aseguradoras privadas al gobierno, o de que pueden solicitar directamente al secretario de Hacienda para el reembolso de la transferencia. Tampoco reciben aviso individual de que sus pagos duplicados van a revertir al gobierno en cinco años, por lo que los pueden perder', explicó el panel de jueces apelativos.

La Ley del Seguro Compulsorio es una obra legislativa del secretario de Estado, Kenneth McClintock, y el director de campaña del gobernador Luis Fortuño, Ángel Cintrón, cuando ambos estaban en la Asamblea Legislativa.

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