Aunque la actual administración ha mostrado un interés por atender el aumento dramático de deambulantes, el portavoz de Iniciativa Comunitaria José Vargas Vidot opinó que aún se carece de una política pública que atienda la problemática con la seriedad que corresponde.

'Hay una gran ignorancia de cómo llevar la iniciativa a la acción', denunció el salubrista que trabaja de cerca con esta población sin hogar.

Según detalló Vargas Vidot, la administración Fortuño desde el Departamento de la Familia ha sido 'consistente en cuanto al aporte económico'. Sin embargo, la agencia ha limitado su acción a la aportación económica y no ha asumido un rol proactivo que atienda a las 40,000 personas sin hogar en Puerto Rico.

Mientras que desde el Departamento de Salud, reconoció el experto, recientemente se completó un plan nacional de droga que persigue atender a los adictos que en muchas ocasiones viven en la calle.

Vargas Vidot apuntó a que no se trata de que varias agencias aporten algo de forma 'fragmentada', sino que se establezca como una prioridad y que se entienda la 'deambulancia es más que números, es mucho más que una persona en la calle, revela las fallas de un sistema, es un espejo social'.

El doctor insistió además en la necesidad de una filosofía de intervención y una estandarización de servicios para lograr ahorros significativos en los gastos del Estado para el servicio médico de estos ciudadanos. Según indicó, un paciente mal atendido puede llegar a costarle al gobierno unos $11,000, mientras que un paciente atendido correctamente no costaría más $4,000.

'No se ha descubierto la importancia de un cuidado continuo. Se gasta mucho dinero en arrestos mal hecho, en accidentes de autos, en enfermedades que se complica, cuando eso se pudiera evitar', afirmó.

El experto recordó que el aumento de esta población responde precisamente a la crisis económica mundial y a la política pública que el gobierno ha implantado para atender la misma, como lo es la Ley 7.

Además, señaló Vargas Vidot la imposibilidad de migrantes indocumentados de introducirse a la sociedad con empleos bajo condiciones legales ha obligado a estos sectores a vivir en lugares inadecuados, como edificios abandonados.

Por otra parte, destacó que todos los servicios que Iniciativa Comunitaria ofrece como comida y acceso a tratamientos a los adictos se han duplicado en los últimos cinco años.

En cuanto a la modalidad de los municipios trasladar sus deambulantes a otros municipios, mejor conocida como 'dumping', sostuvo que en los últimos años ha cambiado.

'Antes de San Juan se los llevaban para otros municipios. Ahora aparecen en San Juan cada vez más de otros municipios, como Caguas y Bayamón. Pero ya no es evidente, como antes, todo se ha callado', contó.

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico, William Ramírez apuntó que el silencio responde a que se asustó a los grupos y programas que continuamente denunciaban esto.

'Parece que estos programas que denunciaban a la Policía que se hacía cómplice en los traslados fueron amenazados y ahora algunos hasta reciben fondos del gobierno', argumentó sobre la modalidad que dio pie a que la ACLU levantara una investigación sobre los abusos policiacos.

'Estoy seguro que ocurren pero mientras no hayan más quejas la ACLU no puede hacer nada', lamentó Ramírez.