La portavoz de la Coalición Cero Desalojos, Mirta Colón, anunció que el próximo domingo, 16 de octubre realizarán una marcha contra los desalojos en el País, que saldrá a la 1:00 de la tarde de la Plaza Colón en el Viejo San Juan hasta La Fortaleza.

La marcha se dedicará a las comunidades Barrio Bocas en Barceloneta, Mainé en Guaynabo y La Perla en San Juan, que se han perjudicado por los desalojos del gobierno en los últimos años.

Representantes de las comunidades Los Filtros, Las Gladiolas, Mainé, Barrio Bocas, Río Piedras y las comunidades del G8 le extendieron la invitación a las comunidades que están en riesgo de desalojo por la construcción del gasoducto, para que se unan a la marcha y al movimiento contra los desalojos.

La Marcha Cero Desalojos, que se celebra por tercer año consecutivo, coincide con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre.

'Nos reuniremos a la 1:00 de la tarde en la Plaza Colón del Viejo San Juan y marcharemos hacia La Fortaleza. Allí cada comunidad presentará su testimonio para denunciar las violaciones de derechos humanos en los procesos de desplazamiento y se hará un llamado a que cesen los desalojos.Ahora más que nunca defenderemos nuestro derecho a la vivienda, a ser tratados con dignidad y a participar en el desarrollo de nuestras comunidades', dijo Colón.

Un estudio preliminar presentado el pasado año por la Coalición Cero Desalojos, Amnistía Internacional y Prensa Comunitaria demuestra que a pesar de las protecciones legales que deben impedir los desalojos de comunidades pobres en Puerto Rico, un alto número de éstas, principalmente las denominadas Comunidades Especiales, se encuentra actualmente en grave peligro.

Esta cifra aumentará dramáticamente de continuar los planes gubernamentales para construir el gasoducto que afectaría a unas 48 comunidades adicionales, según la Declaración de Impacto Ambiental provista por el gobierno.

Una conclusión del informe preliminar es que los desalojos de comunidades se llevan a cabo en todos los casos por parte del Estado, generalmente justificando construcciones, proyectos de desarrollo e infraestructura, industriales y energéticos a gran escala, construcción de viviendas, actividades de reacondicionamiento urbano y ornato municipal, programas de reubicación, por ejemplo, a causa de proyectos de reconstrucción post-desastres naturales.

También reafirma que generalmente los más que sufren procesos de desalojo son los pobres y marginados, vulnerables económica y socialmente, especialmente las mujeres, personas de edad avanzada y niños.