La Administración Fortuño firmó una ley para que a las parejas que buscan una licencia de matrimonio se les 'ofrezca' un 'Curso de Orientación Prematrimonial', y establece un sistema mediante el cual el Departamento de la Familia va a acreditar a los que van a proveer ese curso de 8 horas que será pagado con fondos públicos.

Aunque la ley no establece que sea obligado, sí se hará una anotación en la licencia de matrimonio de los que lo tomaron.

Según la Ley 92 del 16 de junio de 2011, el curso cubrirá los temas de las implicaciones legales del matrimonio y de su disolución; derechos y obligaciones de los cónyuges dentro del matrimonio; implicaciones fiscales y económicas del matrimonio y de su disolución, incluyendo crediticias y contributivas; el régimen de la sociedad legal de gananciales y las capitulaciones matrimoniales; derechos, responsabilidades y obligaciones en las relaciones paterno- y materno- filiales dentro del matrimonio y en caso de su disolución; prevención de la violencia doméstica, destrezas de comunicación efectiva y mediación de conflictos; inherencia de las agencias públicas en cuanto a la protección de los derechos de los cónyuges y menores de edad; y foros disponibles a los cónyuges para atender problemas que puedan surgir.

En la declaración de política pública, la ley dice que es un requisito que el Estado 'se cerciore de que las partes contrayentes entran a dicha institución civil con pleno conocimiento de las consecuencias legales y económicas de dicho estado civil y de los derechos y obligaciones que atañen a los cónyuges'.

Ante la aprobación casi desapercibida de la ley, que persigue 'mejorar la estabilidad familiar', solicitamos el análisis del catedrático especializado en derecho constitucional, Carlos Ramos, quien levantó sospechas por la urgencia conque se aprueba, y por la posibilidad de que sea un mecanismo para que el gobierno promueva una religión, lo cual está prohibido por la constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos.

'En un gobierno que tanto confía en el sector privado alarma que intervenga en la eduación prematrimonial que históricamente ha estado en manos de grupos seculares y de organizaciones religiosas. Parece que en esto sí creen en la estatización de un servicio', comentó Ramos sobre la ley número 92 firmada el pasado 16 de junio por el gobernador Luis Fortuño.

Según lee el estatuto, la encomienda recae sobre el Departamento de Familia para diseñar, desarrollar, reglamentar e impartir el curso 'de manera que los contrayentes tengan el más amplio acceso a éste'.

Para el licenciado la redacción de la ley 'no presenta problemas constitucionales serios en la medida en que es un curso voluntario que aunque implica erogación de fondos persigue un evidente fin público'. Sin embargo, advirtió que -aún con las salvaguardas del proyecto- en su implantación pueden surgir serios problemas constitucionales.

Del documento se desprende que el contenido y sus requisitos no podrá ser de naturaleza sectaria.

'Aunque se prohibe la enseñanza sectaria no aclara que se trata de prohibir sectarismo religioso. Es obvio que un gobierno que se ha identificada con el fundamentalismo religioso cristiano se sienta tentado a hacerse la vista larga cuando los curso caigan en manos de organizaciones de base de fe', argumentó Ramos.

El togado insistió en que pese a que el proyecto parece estar muy lejano de alguna motivación política, 'hay que sospechar' sobre los problemas que pueden surgir tras su implantación.

'Hay que estar muy pendientes de como estos grupos van a ofrecer estos cursos sin hacer referencia alguna al pensamiento cristiano. Si de verdad van estar pendientes de estos curso no se usen para adelantar la causa religiosa, entonces tendrán que involucrarse de tal manera que posiblemente el gobierno sin querer violente la separación de Iglesia y Estado', dijo.

Por otra parte, Ramos consideró que aprobar política pública que facilite la educación sexual de la juventud amerita más urgencia que un proyecto de esta índole.

Según la exposición de motivos de la medida radicada desde el 2009 'las presiones de la vida moderna' son las responsables de desarrollar 'grietas' en la estructura familiar. Además, el documento atribuye el fracaso de un matrimonio a que una o ambas partes entraron a esta relación sin el pleno conocimiento de la magnitud del paso que tomaban'.

El modelo de la ley está basado en incentivos que han establecido otras jurisdicciones, como el estado de Florida, para que profesionales de la conducta y del derecho en la familia ofrezcan un orientación prematrimonial para los contrayentes.

Para ver la ley, pulse aquí.