“Estamos en un momento distinto”, advierte el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal sobre las formas en que el ámbito de influencia de ese organismo se profundiza en la operación del gobierno.

Con la reestructuración de la deuda pública completada, excepto por la de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que entra a recta final la semana que viene, la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no parece estar más cerca, sino más lejos, y su control sobre las operaciones del gobierno están en expansión, en vez de limitación.

Según la Ley PROMESA, la JSF termina su control sobre el fisco puertorriqueño cuando se registren cuatro presupuestos balanceados consecutivos y el gobierno tenga acceso al mercado financiero a tasas razonables.

Pero la Junta todavía la Junta no ha reconocido el primero de esa ristra de cuatro presupuestos balanceados y el nuevo director ejecutivo, Robert Mujica, sigue recalcando que el acceso a los mercados incluye medidas de disciplina fiscal y administrativa que no están escritas en la ley sino que el ente fiscal interpreta que son parte de ese concepto, y que el gobierno todavía no ha implantado.

En una carta reciente al secretario interino de Hacienda, Nelson Pérez Méndez, que los estados financieros auditados de 2020 y 2021 incluyen señalamientos del auditor sobre deficiencias en los controles del gobierno que son parte de lo que hay que corregir para tener acceso a los mercados. La propia preparación a tiempo de esos estados, que se han actualizado pero siguen más atrasados de lo normal en el mercado financiero, es también parte de las condiciones para que el ente fiscal cese sus funciones, añadió el director ejecutivo.

“Estamos en un momento distinto ahora mismo”, dijo Mujica a NotiCel ante la pregunta de si la Junta seguiría interviniendo en controversias sindicales del gobierno como lo hizo en Centro Médico y en la Universidad de Puerto Rico (UPR). En ambos casos la solución final ha caído esencialmente sobre la Junta. Mujica confirmó este escenario, y su posible repetición, al explicar que en ese tipo de disputa laboral inciden dos facultades legales del ente fiscal: la asignación de recursos económicos de acuerdo al Plan Fiscal y su poder de revisar los contratos que suscribe el gobierno. Los convenios colectivos entre sindicatos y el gobierno son esencialmente contratos que caen bajo ese poder revisor de la Junta.

Mujica aseguró que no han tenido la intención de intervenir en más de lo que intervenían antes, pero que tienen que asegurarse de que la inversión de recursos se ajuste al Plan Fiscal.

El tema de la asignación de recursos les ha permitido entrar también incluso a entidades públicas que no están propiamente bajo la declaración de quiebra del gobierno, como la UPR. En la medida en que el principal centro docente del país recibe dinero del gobierno para su operación, el ente fiscal gana acceso a su operación y su proceso de toma de decisiones.

Esto incluye también la oferta académica. A preguntas de NotiCel el miércoles durante una conferencia de prensa, Mujica argumentó que es la UPR y su cuerpo rector la que toma decisiones, pero confirmó que la Junta tiene financiamiento condicionado a que se cumplan con parámetros que abarcan el contenido de la oferta académica y si la misma se ajusta al mercado.

Después de reducciones drásticas en su presupuesto desde que comenzó a operar la Junta, la UPR está recibiendo algunos aumentos, pero atados a que realicen ajustes que el ente fiscal quiere. Este año el aumento que propone la Junta es de 20%, o $102 millones, pero está condicionado a ajustes relacionados con los cambios demográficos y la reducción en la matrícula “[d]e forma que (los estudiantes) estén eligiendo la UPR sobre otros sistemas universitarios”.

“El punto es que van a tener que tomar esas decisiones y hacer esos cambios. Pero solo queremos asegurarnos de que esas conversaciones realmente estén sucediendo y en la medida en que vamos a agregar recursos adicionales, no los agreguemos al ‘status quo’. Así que asegurémonos de que, al agregar recursos adicionales, los estamos poniendo en los lugares donde más se necesitan y también donde ayudan, con la misión académica, que es el objetivo principal de la Universidad, la misión académica”, dijo Mujica.

“No necesitas más planes, necesitas más ejecución en estas cosas. Y si se están emitiendo recursos, queremos asegurarnos de que los recursos estén allí para ayudar a asistir en la transformación que simplemente tiene que suceder. Así que no vamos a decirle a la Universidad qué ofertas académicas son, pero deberían usar datos para tomar estas determinaciones. ¿Qué están buscando los estudiantes? ¿Está eso alineado con tus ofertas de varias maneras? Asegúrate de que estén alineados y luego avanza. Así que, hay que estimular la conversación, tener los recursos reservados para ese propósito. Pero no estamos tomando esas determinaciones. Esas determinaciones necesitan ser tomadas”, concluyó.