Los empleados del Poder Judicial recibirán el bono de Navidad, pero no un pago adicional.

Cuando los empleados públicos revisen su cuenta de banco hoy, la mayoría verá no solamente el bono de Navidad de $600 dispuesto en ley, sino un pago adicional que puede ser desde $400 hasta $2,000; pero los del Poder Judicial no recibirán otros $400 que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) propuso a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Aunque el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia adelantó que hoy se desembolsarían los bonos a los empleados públicos, la Junta denegó un pedido de la OAT para que los empleados de la judicatura pudieran recibir un pago adicional de $400 a los $1,000 que van a recibir otros empleados públicos.

La Junta hizo la notificación en la carta del lunes pasado en la que aprobaron el bono de ley de $600 a los empleados públicos. En el sector privado, el bono de Navidad estatutario es de entre $300 y $600 y la Junta se opone a ampliarlo.

Según el ente fiscal, la OAT pidió que se le reprogramaran $1.8 millones para el pago adicional de $400, pero, a la vez, esa agencia pidió $5.5 millones para cubrir costos de utilidades, como luz y agua. La Junta decidió que el dinero pedido para el pago adicional de $400 “tiene que ser usado, en vez, para cubrir otras necesidades presupuestarias importantes, como el costo de las utilidades”. Hoy, por tanto, esos empleados recibieron $1,000 en vez de $1,400.

A través de su oficina de Prensa, la OAT indicó que “[d]esde el 2017 hemos logrado que (la Junta) autorice la reprogramación de los fondos necesarios para otorgar un bono de Navidad de $1,000 a todo nuestro personal. Entiéndase, los $600 asignados por ley, más $400 provenientes de ahorros que hemos generado cada año en nuestro presupuesto de nómina. A pesar de que este año también generamos los ahorros necesarios para otorgar un bono de Navidad de $1,000 a todo el personal, la Junta no aprobó nuestra petición. Por ende, los empleados recibirán un bono de Navidad de $600 más $400 que corresponden al bono por motivo del Plan de Ajuste de la Deuda”.

La semana pasada el Poder Judicial protagonizó la discusión pública cuando un juez de apelaciones y la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura acudieron al propio tribunal para decretar que la revisión salarial de los jueces que había sido negociada con la Junta estaba en vigor desde que el dinero para los aumentos se separó en el presupuesto vigente y no tenía que esperarse porque la Legislatura aprobara una enmienda a la Ley de la Judicatura para ello. El tribunal así lo decretó.

Antes de eso, la JSF había aprobado un Plan de Retribución en el que aprobaron nuevas escalas salariales en todos los niveles del Poder Judicial, incluyendo a las jueces, pero le recortó $8 millones a la propuesta que la OAT había hecho para los empleados, lo que resultó en que algunos de estos no vieran un aumento real y otros, en promedio, tuvieran unos $345 mensuales más en su compensación. La escala de los jueces, que no se revisaba desde 2003, tuvo aumentos de entre 20% y 32%.

Para pagar el bono de Navidad básico, el gobierno tiene que identificar, y la Junta certificar, ahorros en el presupuesto de las agencias que pueden ser dineros de nómina, operaciones, fondos federales y reservas especiales. En este año se identificaron $69.7 millones para cubrir este pago.

Además del bono por ley a los empleados activos, unos 122,000 retirados del gobierno central, maestros y judicatura, recibe un bono de $200.

Por virtud de las disposiciones del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), este desembolso también incluye un bono a los miembros del sindicato Servidores Públicos Unidos (por haber apoyado el plan) y el resto de los empleados puede recibir un pago que está atado al desempeño de los ingresos del gobierno. Según confirmó la JSF, los miembros del sindicato reciben un pago adicional de $2,000 y los que no son miembros de ese sindicato reciben unos $235. El año pasado, los miembros del sindicato recibieron poco más de $11,000 por su respaldo al PAD.

El plan dispone que los miembros del sindicato pueden recibir un bono, que varía según el desempeño de los ingresos, cada año hasta el 2027. Los acreedores del gobierno que intercambiaron sus viejos bonos de inversión por los nuevos emitidos bajo el plan, también tienen derecho a recibir un pago variable que depende del desempeño de los ingresos públicos mediante un mecanismo financiero llamado el Instrumento de Valor Contingente (CVI en inglés). El CVI fue una ficha usada en la negociación para reducir la cantidad de dinero que se le pagaba de antemano a los bonistas y también es una ficha de negociación en la discusión del PAD de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que la jueza Laura Taylor Swain va a evaluar el año que viene.

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