El Presidente de la Cámara dijo que, tras la denegatoria del Circuito de Apelaciones, acudirá al Supremo en el caso de la anulación de los cambios a la Reforma Laboral.

Otra confrontación entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y un poder constitucional de Puerto Rico se dirige al Tribunal Supremo federal después de que el jueves el Primer Circuito de Apelaciones de Boston denegara una solicitud para que el pleno de ese tribunal atendiera la apelación en contra de la decisión con la que la jueza que atiende la quiebra de Puerto Rico anuló los cambios hechos a la Reforma Laboral.

La solicitud de consideración en pleno (en banc) fue del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien tras conocer la denegatoria anunció el viernes que pretende pedir la revisión del Supremo federal.

Pero el Circuito de Apelaciones no le dijo simplemente “no” a Hernández Montañez. El juez de apelaciones Gustavo A. Gelpí Abarca, recién instalado en ese foro después de servir como juez de distrito en Puerto Rico, emitió una opinión separada para recordarle al jefe cameral que es en el Congreso, y no en los tribunales, donde se resuelven sus reclamos de que la Junta perjudica a la democracia en la isla.

La controversia original del caso quedó trabada cuando la JSF usó sus poderes bajo la Ley PROMESA para pedir, y obtener, la anulación de los cambios que la Legislatura dominada por el Partido Popular Democrático (PPD) y el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, convirtieron en ley para revertir algunos aspectos de la Reforma Laboral que ejecutó el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares. La Ley 41 de 2022 contenía cambios que flexibilizaban a favor de los empleados del sector privado aspectos como las licencias por enfermedad, por vacaciones, la elegibilidad para el bono de Navidad, periodos probatorios y justificación de despido.

Al anular la Ley 41, la jueza Laura Taylor Swain, y luego el Primer Circuito cuando la sostuvo, refrendó el poder amplio que tiene la Junta para intervenir con leyes o reglamentos del Gobierno de Puerto Rico, aunque estos solo tengan que ver con el sector privado, siempre y cuando el ente fiscal pueda argumentar que se afectan los planes fiscales que tiene en vigor para el gobierno central y otras entidades públicas.

“Es cierto que el Congreso, al autorizar (la Ley PROMESA), dotó a la Junta de un poder amplio de veto sobre las acciones del Gobierno de Puerto Rico que, de una manera u otra, tienen un impacto fiscal (o falta de impacto) en sus arcas. El Presidente de la Cámara implica que esta anomalía democrática invalida ese estatuto y las acciones de la Junta, por lo que ha pedido nuestra revisión. Pero el Presidente ha escogido el foro incorrecto para presentar su argumento… [E]s al Congreso, no a este Tribunal, que el Presidente debe dirigir su reclamo de falta de consentimiento de los gobernados, para que el Pueblo de Puerto Rico pueda disfrutar esa garantía sacrosanta sobre la cual se formaron los Estados Unidos”, señaló Gelpí Abarca.

El juez consignó que entiende que la decisión de Swain es “legalmente correcta” pero argumentó que nunca en la historia de los Estados Unidos algún tribunal ha declarado alguna ley inconstitucional porque la misma no cuente con el consentimiento de aquellos a quien se le aplica porque ese concepto “no es una garantía fundamental” que se encuentre en la Constitución de los Estados Unidos.

Parafraseando al fallecido juez apelativo Juan R. Torruella, a quien sucedió en el Circuito, Gelpí Abarca añadió que la situación de Puerto Rico bajo PROMESA es “democráticamente aborrecible y ofensiva”, pero que se requiere acción congresional para cambiarla, no judicial. Recalcó que lo que hoy ocurre con PROMESA es lo que siempre ha ocurrido en el Congreso con Puerto Rico y le recordó que el Congreso cambió unilateralmente la Constitución del Estado Libre Asociado antes de autorizar que entrara en vigor.

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Junta puede intervenir con leyes que afecten al sector privado hasta que se vaya