El Primer Circuito de Apelaciones de Boston sostuvo la anulación de la ley que revertía algunos cambios de la Reforma Laboral y estableció pautas sobre la relación entre el Gobierno y la Junta después de la reestructuración de la deuda.

Mientras esté en funciones, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) podrá seguir interviniendo con legislación de Puerto Rico que afecte la “recuperación financiera” del gobierno, aunque dicha legislación esté dirigida solo al sector privado, resolvió el Primer Circuito de Apelaciones de Boston al confirmar la anulación de la Ley 41 de 2022, con la que se querían revertir algunos cambios de la Reforma Laboral aprobada en la Administración Rosselló Nevares.

El foro apelativo federal consignó también ayer que la capacidad de la jueza Laura Taylor Swain para resolver controversias entre el ente fiscal y el gobierno de Puerto Rico no termina con los planes de ajuste de deuda, por lo que su intervención en el caso de la Ley 41, en vez de la intervención de un juez de distrito federal regular, estuvo correcta.

Estas dos expresiones resaltan en una opinión que, por lo demás, esencialmente refrendó los razonamientos de la jueza Swain al anular la Ley 41, incluyendo su observación de que fue pobre el ejercicio que hizo la Administración Pierluisi Urrutia para disputar el argumento de la Junta sobre el efecto de dicha ley en la economía.

“[B]ajo PROMESA, el Gobierno de Puerto Rico simplemente no sigue de largo de su crisis fiscal una vez se confirma el plan de ajuste. La supervisión de la Junta sobre la recuperación financiera del gobierno, incluyendo mediante el desarrollo y ejecución de planes fiscales, continua hasta que la Junta termine”, dijo el panel de jueces.

A la vez, aclararon que puede ser que los argumentos en contra de la intervención de la Junta sean más fuertes si se trata de una intervención que no parte de los instrumentos con los que la ley la faculta, como lo planes fiscales que estaban al centro de este caso y que, desde el primero, han incluido la reducción de derechos laborales como mecanismo de supuesto desarrollo económico.

La Junta terminaría funciones una vez el gobierno recobre acceso a los mercados financieros a tasas de interés razonables y tenga cuatro años consecutivos de presupuestos balanceados.

“Hacer lo que piden el Gobernador (Pedro Pierluisi) y el Presidente de la Cámara (Rafael Hernández), esencialmente, eliminar el requisito de un estimado formal (de impacto económico) para todas las leyes regulatorias del sector privado, sería inconsistente (con PROMESA)”, argumentaron.

“Requerirle al Gobernador estimar formalmente el impacto fiscal de la legislación tiene también el efecto saludable de disminuir las posibilidades de que el gobierno apruebe legislación que prolongue la supervisión de la Junta, o peor, repetir las prácticas que llevaron a la insolvencia del gobierno”, comentaron.

El panel aceptó que pueden haber ciertas leyes cuyo impacto fiscal realmente no pueda ser estimado, pero que “la falta de certeza sobre el efecto de una ley no provee una excusa para no hacer un intento serio (de estimado)”. Esto sobre el tipo de estimado que el gobierno hizo para tratar de contrarrestar el estudio económico que hizo la Junta al sustentar su decisión de anular la ley 41.

Los argumentos que presentaron en el pleito el Gobernador y el Presidente de la Cámara para tratar de sacar el caso de la sala de la jueza Swain distinguiendo entre procesos previos a la confirmación de un plan de ajuste y procesos posteriores son “irrelevantes”, resolvió el Circuito para proteger la capacidad de Swain de seguir interviniendo en casos entre la Junta y el gobierno, aún después de la reestructuración de deuda. La jueza Swain es una jueza de distrito asignada específicamente a los casos de quiebra del gobierno de Puerto Rico y el único foro que la Ley PROMESA reconoce para casos que tengan que ver con la Junta es el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.

La ley 41 devolvía la flexibilidad a favor de los empleados en temas de licencia por enfermedad, licencia de vacaciones, elegibilidad para bono de Navidad, periodos probatorios y justificación de despido que la Reforma Laboral había hecho más restrictivos.

El gobernador Pierluisi ha indicado que pretende llevar la controversia al Tribunal Supremo federal.

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Vea:

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