En su postura oficial ante el tribunal de quiebras, la Administración Pierluisi dice no está de acuerdo con el nivel de aumento propuesto ni con que se elimine la injerencia del Negociado de Energía en la aprobación de la tarifa eléctrica.

El Gobierno de Puerto Rico dijo a la jueza Laura Taylor Swain que si impone un cargo a los abonados para repagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lo pondría en vigor, que el cargo propuesto en el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) es muy alto, y que el plan también afecta impermisiblemente la autoridad del Negociado de Energía (NE) para establecer la tarifa final.

La postura que la Administración Pierluisi plantea a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) es mayormente simbólica, porque el representante autorizado del gobierno en la quiebra de la AEE es la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la que sigue defendiendo un plan que tiene todos los puntos con los que el gobierno muestra incomodidad.

Como está sometido, el PAD le asegura un repago casi total a dos acreedores, los que financian la compra de combustible (Fuel Line Lenders), con $700 millones, y la aseguradora de bonos National Public Finance Guarantee, con $836 millones. Fuera de esos acuerdos, los tenedores de $7,600 millones en deuda enfrentan la opción de un acuerdo en el que se les garantiza 50% de repago o litigar, fuera del caso de quiebra, sus derechos como bonistas, que incluyen pedir que se designe un síndico que tome control de la AEE para operarla con miras a repagarles.

Ya en una vista la semana pasada, la JSF propuso que, a lo sumo, los bonistas recobrarían unos $2,000 por la vía del síndico, pero no ha cambiado su oferta de pagarles el doble si aceptan un acuerdo para apoyar el PAD.

Son esos acuerdos con los dos grupos de acreedores, y la oferta para los demás, los que producirían aumentos en la tarifa que la Administración Pierluisi planteó eran muy altos, por lo que el gobierno no está de acuerdo con el PAD, como está presentado. Los aumentos incluyen un cargo fijo por abonado, llamado “cargo heredado”, y un cargo adicional basado en lo que el abonado consuma.

“Al proponer el Cargo Heredado, la Junta está tratando de llegar a un balance entre la viabilidad de la AEE y proveer repago significativo a los acreedores. Pero AAFAF está preocupada con el tamaño del Cargo Heredado porque los abonados de Puerto Rico ya pagan más por energía comparado con su ingreso que lo que pagan los abonados en los estados continentales. Dicho eso, si este Plan se confirma, AAFAF trabajará con la Junta y el NE para implementarlo como sea necesario, en una manera que mitiga el impacto en los ciudadanos puertorriqueños más vulnerables”, dijo el gobierno en la moción.

“Si el tribunal concluye que la AEE debe cobrar a sus abonados más, o que el gobierno central debe contribuir involuntariamente más para aumentar los recobros de los acreedores de la AEE, las consecuencias pueden afectar negativamente la viabilidad de la AEE y de la economía completa de Puerto Rico”, advirtió también al rechazar la pretensión de los acreedores de que los aumentos a los abonados sean complementados con aportaciones directas del erario. AAFAF subrayó que ya el gobierno tiene comprometidos $1,200 millones en los contratos para los operadores privados del sistema de transmisión y distribución (LUMA Energy) y del sistema de generación (Genera PR).

Los acreedores están “enfocados en obtener repagos descomunales”, afirmó el gobierno.

La moción también pide al tribunal y a la Junta que mantengan las facultades legales del NE para ser la entidad que tiene la última palabra sobre la determinación de la tarifa y los cargos a los abonados.

“Las disposiciones de este Plan y la propuesta Orden de Confirmación implican que el Plan y la Orden de Confirmación requerirían al NE aprobar e implementar el Cargo Heredado como específicamente diseñado por la Junta. Pero el NE, no la Junta, está encargado de establecer la tarifa de la AEE”, sostiene AAFAF.

Para leer la moción del gobierno, pulse aquí.

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