Retirados, mujeres y mayores de edad conforman el grueso de las objeciones ciudadanas sometidas a la jueza de quiebras, quien también recibió objeciones de iglesias, supermercados y pequeños negocios.

Decenas de ciudadanos, empresas y organizaciones solicitaron a la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, que no confirme el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sometió ofreciendo a los bonistas un repago de poco más de $5,000 millones mediante nuevos cargos en la tarifa, a pesar de que el propio ente fiscal ya le ha dicho a la jueza que lo más que podrían recobrar estos bonistas si rechazan el acuerdo es $2,000 millones.

Las objeciones ciudadanas al PAD deben integrar el expediente que la jueza tome en cuenta a partir del 17 de julio, cuando está pautada para comenzar la vista de confirmación. Se espera que antes de eso, la jueza emita su determinación de cuál es el tamaño de la reclamación de los acreedores. Estos inicialmente reclamaban que tenían garantía de cobro que cubría todo ingreso que tuviera la AEE, pero la jueza decidió en marzo que no, que solo cobran de ciertos fondos específicos y que, lo que no puedan recobrar de ahí, es una deuda no asegurada.

La semana pasada, Swain recibió evidencia y argumentaciones sobre el tamaño de la reclamación durante unas vistas en las que la JSF alegó que, a lo sumo, los bonistas recobrarían solo unos $2,000 millones. Y eso aún bajo el escenario en el que ellos mismos administran la corporación pública a través de un síndico. A pesar de ese estimado, en el PAD la Junta todavía ofrece a los bonistas más del doble, $5,680 millones.

Las objeciones a la confirmación llegaron de las cadenas de supermercados Econo y Selectos; la Asociación de Titulares de Condominios; el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) con la unión del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Asociación de Contratistas Generales, el Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio, la Asociación de Laboratorios Clínicos, la Sociedad Bíblica, las asociaciones de Detallistas de Gasolina, de Colegios y Universidades Privadas, la Liga de Ciudades, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y otros; la Iglesia Presbiteriana Westminster Inc.; OM Studio Urban View LLC; Tintillo Franchise and Associates Inc.; Isla Verde Mall SE; Carolina Shopping Court e Isla del Río Inc.

Econo, que opera desde 1971 y tiene 8,500 empleados, 62 tiendas y un centro de distribución, calculó que, según propuestos, los cargos nuevos a la tarifa eléctrica en el PAD le representan un impacto anual de hasta $11 millones, que tendrían que atender mediante su “estrategia de precios”. Por su parte, Selectos, fundado en 1978 y actualmente con 3,000 empleados y 39 tiendas, ilustró que los aumentos propuestos son como congelar los niveles de costos que trajo la crisis por la guerra en Ucrania y que afectarán “la industria de distribución de alimentos completa y, como resultado, el consumidor común enfrentará un alza en los precios de comidas y suministros”. Concluyeron que el aumento “es un impuesto, no un cargo por servicio” y que no hay garantía de que se mejorará el suplido de energía eléctrica, la infraestructura, de que no habrá más aumentos o de que el gobierno no siga afectando su negocio con otras decisiones de política pública. El aumento anotaron.

La Asociación de Industriales le dijo a la Junta que su plan está “seriamente divorciado de la perspectiva económica, regulatoria y social de las condiciones actuales de Puerto Rico” y que el cargo fijo propuesto, llamado “legacy charge” o “cargo heredado”, es un cheque en blanco que va a perjudicar la competitividad y los costos de hacer negocio en la isla.

La objeción de ICSE generó la mayor cantidad de comparecientes que se unieron a la misma y destila la oposición al PAD en siete puntos: no es económicamente viable porque crea un espiral de cada vez menos abonados aguantando cada vez más de la deuda; no provee para suficiente inversión en la infraestructura eléctrica; es contrario a la política pública de promoción de energía renovable; coarta la autoridad del Negociado de Energía en el proceso regulatorio y tarifario; está basado en el viejo sistema de generación centralizada en vez del cada vez más amplio modelo de generación distribuida por la instalación de sistemas de energía renovable en los hogares; se basa en exenciones y subsidios que sobrecargan a los abonados no subsidiados; no provee para el cumplimiento con el estándar de cartera de activos de energía renovable.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y el Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (SREAEE) también presentaron objeciones a la confirmación del PAD. El sindicato enfatizó que la propuesta incluye la revocación del convenio colectivo que sigue vigente y la reducción dramática de la capacidad de compensación en las 26,000 querellas laborales pendientes contra la corporación pública. Hay negociaciones activas que podrían modificar aspectos del convenio, pero la UTIER le adelantó a la jueza que la postura de la JSF en ese proceso es “arbitraria, caprichosa y puramente ideológica”. El PAD “perpetua la situación precaria de Puerto Rico; busca destruir a la UTIER como sindicato; y no cumple los requisitos legales básicos para confirmación”, resumieron.

El SREAEE resaltó, por su lado, que a pesar de que existe como una entidad independiente, el plan pretende tratarlo como una división de la AEE, en vez de como un acreedor. De esta manera, dejaría de existir y no podría recobrar los $960.6 que la corporación pública le debe en aportaciones patronales. A este momento, y por maniobras económicas de la Junta y el gobierno, los pagos de pensiones en la AEE están garantizados solo hasta el año que viene. Con el PAD, se recortarían las pensiones futuras.

Entre los ciudadanos, predominaron las mujeres, los retirados y las personas mayores de edad, quienes dijeron a la jueza que están al tope con sus gastos del diario vivir y no tienen espacio para aguantar los aumentos en la tarifa eléctrica que se prevén en el PAD y que son inescapables porque incluyen un cargo fijo para todo abonado (sin importar consumo o si cuenta con sistema de energía renovable instalado en su hogar) y otro cargo que podría variar de acuerdo al consumo. Objetaron también profesionales, cuentapropistas y dueños de negocio.

En el expediente del caso figuran objeciones de ciudadanos, quienes, la mayoría, explicaron si viven solos, en pareja o son jefes de familias donde hay dependientes menores, enfermos, mayores de edad o discapacitados, como: Ramón Cabán Brizzie, Alma Nieves Haney, Ana María López Beltrán, Ariel Aulet Lebrón, Digna Soto Soto, Enid Milagros Toste, Eric Santiago Justiniano, Felipe Guilfuchi Ramos, Frances Figarella García, Ivette Salgado, Jesús Antonio Barreto Nieves, Jorge F. González, Juan Esteban Suárez, Leonor González Cabán, Luis Alwin Amorós Álvarez, Luis G. Maldonado García, Mario Delgado Ayala, Nereida Romero Rivera, Regina Oquendo Rivera, Rita Guzmán Martiz, Víctor Rodríguez Pérez, Angel Zayas Duchesne, Nevya Dávila Pagán, Ricardo Rodríguez Rivera, Raquel Pagán, Raquel María González Sparks, Pablo Meléndez Vélez, Merardo López López, Mariel Charneco Ramírez, Maribel Figueroa López, Jorge Isaac Martínez del Valle, Jorge Antonio Arroyo Ramos, Javier Antonio Cruz Medina, Hernán López López, Evelyn Piñero Sepúlveda, Elliot Segarra Toro, Damaris Cordero Ríos, Fernando Viñas Miranda, José E. Rosario Fábregas, Lauro E. Ortiz, Ana M. Rodríguez, Juan Vázquez Ramos, Sonia Sierra Rivera, Héctor L. Rivera Claudio, Nilsa Rivera Quintero, Rubén Oliveras Rivera, Evelyn Salgado Vélez, Marcos Arroyo Carrasquillo, Walter Arroyo Carrasquillo, Domingo Rivera Ferrer, Ana H. López Tellado, Iván Javier Rodríguez Rodríguez, Héctor R. Sánchez Córdova, María Lizardi, Lianabel Oliver Bigas, Rolando Ortiz Cotto, Gervasia Cotto Merced, José Julio Trujillo Figueroa, Guillermo Artau Correa, Carmen Mojica Guzmán, José B. Montalvo Rodríguez, Paula Claudio Figueroa, Alma R. Rodríguez Nieves, y Antonia Margarita Capó Díaz.

Tras la publicación original de esta historia, el administrador del expediente electrónico del caso de quiebra confirmó que 413 ciudadanos habían comparecido por derecho propio a objetar el PAD.

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