Gobierno pide al máximo foro judicial que establezca pautas sobre el poder de la Junta de Supervisión Fiscal para impugnar las leyes del territorio.

Seis años después de que el Supremo federal diera lo que el Partido Nuevo Progresista (PNP) llamó la "estocada final al Estado Libre Asociado", el actual presidente de ese partido, gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, acudió a ese mismo foro a pedirle que le ponga límites a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para respetar la "soberanía", "autonomía" y "autogobierno" de Puerto Rico.

El caso con el que una controversia sobre la JSF y la Ley PROMESA vuelve a tocar las puertas del Supremo federal no es uno en el que el gobierno esté buscando impugnar esa legislación federal o la legitimidad de la Junta. Más bien, el argumento es reconocer el poder de la Junta, pero pedir que se pongan reglas de juego clara sobre los criterios que el ente fiscal puede aplicar para detener la ejecución de legislación debidamente aprobada por la Asamblea Legislativa y el Gobernador.

El impasse entre el gobierno y la Junta en este caso está trabado desde la Administración Rosselló Nevares/Vázquez Garced, cuando el ente fiscal decretó que habían cinco leyes que no se podían poner en vigor porque violentaban el plan fiscal o porque el ente entendía que chocaban con legislación federal. Este año, el Primer Circuito de Apelaciones falló a favor de la Junta y el 18 de noviembre pasado, el gobierno recurrió al Tribunal Supremo para pedir que revisaran esa determinación apelativa.

"Es imperativo que este tribunal conceda la revisión para clarificar cuáles estándares gobiernan el poder de la no electa Junta para anular el proceso legislativo democrático de Puerto Rico", sostiene el gobierno en su solicitud. "PROMESA representa una incursión sin precedente en el autogobierno de Puerto Rico y el autogobierno territorial... Para retener la integridad y credibilidad de esta estructura gubernamental, las limitaciones procesales y sustantivas del poder de la Junta deben estar claras y bien entendidas por todas las partes", añade en referencia a la legislación federal que crea la Junta y que Pierluisi, como comisionado residente, y el exgobernador Alejandro García Padilla ayudaron a gestar en el Congreso en 2016.

Las leyes que la Junta finalmente anuló fueron cuatro, porque se llegó a un acuerdo sobre una legislación de aumento a los Bomberos y quedó fuera del caso. Estas son la 82 de 2019, que regula a los manejadores de servicios de farmacia (conocidos como PMB), la 138 de 2019, que limita la capacidad de los planes médicos para excluir a proveedores de salud de sus redes preferidas de servicios, la 176 de 2019, que aumentó las licencias de enfermedad y de vacaciones para los empleados públicos, y la 47 de 2020, que amplió la elegibilidad para el crédito contributivo de profesionales de la salud.

El Primer Circuito dijo que anular leyes es uno de los poderes que el Congreso le confirió a la Junta en PROMESA y que, en el caso de las incluidas en el caso, su evaluación de las mismas no fue arbitraria o caprichosa, por lo que la anulación se sostiene. El tribunal, sin embargo, declinó establecer límites claros a ese proceso de evaluación de leyes por parte de la Junta y lo dejó a que la jueza de la quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, adjudicara la actuación del ente fiscal caso a caso.

El gobierno señaló al Supremo que la decisión del Circuito "erosiona el antiguo marco de gobierno democrático en Puerto Rico" y contrastó que la Junta que se aprobó para Puerto Rico fue, a propósito, distinta a la que se aprobó para Washington DC porque aquella podía anular leyes unilateralmente y esta tiene que seguir un proceso de consulta con el gobierno electo.

Añade que la JSF fue creada como una entidad dentro del Gobierno de Puerto Rico, no dentro del gobierno federal, por lo que los criterios que le deberían aplicar cuando toman decisiones deben ser los que le aplican a las agencias del gobierno, a las que se les requiere que tomen decisiones tras desarrollar e incluir en su récord evidencia sustancial para apoyarlas.

"La ausencia de un estándar claro deshace el balance de poder de PROMESA porque el gobierno no conoce de antemano cómo va a satisfacer a la Junta para que la legislación pase su crisol", se indica en el escrito a la vez que se advierte que, sin criterios claros, se multiplicarán los litigios entre el gobierno y el ente fiscal. De hecho, una decisión sobre esta solicitud puede tener peso sobre la recién iniciada demanda con la que la JSF pretende anular enmiendas recientes hechas a la reforma laboral.

En la solicitud, se discute poco la decisión del Supremo en el caso de Pueblo v. Sánchez Valle. la más trascendental que ha tomado ese foro en los últimos años sobre la relación política entre los Estados Unidos y Puerto Rico. La solicitud del gobierno cita una decisión, no mayoritaria, de la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor defendió el gobierno propio de los puertorriqueños, pero no se discute a fondo la decisión mayoritaria, que sostuvo que el poder final sobre la isla recae plenamente sobre el Congreso federal. Es decir, que el poder es unilateral, solo del Congreso, y no bilateral, del Congreso y del Gobierno de Puerto Rico. En ese momento, esto llevó a que el exsenador Larry Seilhamer, luego secretario de Estado de Pierluisi Urrutia colgado por el Senado, calificará la decisión de Sánchez Valle como "la estocada final al Estado Libre Asociado".

Para ver la solicitud del gobierno al Supremo federal, pulse aquí.

Vea:

Apelativo federal refrenda el poder de la Junta para revisar y detener la implantación de leyes

Supremo federal da cantazo a gobierno de Puerto Rico (documento)

PNP ve como 'estocada final al ELA' decisión del Supremo federal