La Legislatura tendrá participación en la discusión de nuevo Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración (RSA).

La jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, fijó el 2 de mayo como la fecha límite para definir el curso del proceso de quiebra en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), incluyendo la posibilidad de desestimar la quiebra de la corporación pública si para ese día no hay acuerdos significativos entre las partes, lo que incluye también a la Legislatura porque se necesitaría autorización estatutaria para ejecutar un plan de ajuste.

De esta forma, Swain desestimó la solicitud que hizo el grupo Ad Hoc de bonistas de la AEE para que se asignara de manera urgente un equipo de mediación encabezado por la exjuez federal, Barbara Houser, quien tuvo ese rol en los casos de deuda del gobierno central y de COFINA. La tarifa de Houser sería de $1,665 a hora y sería sufragada enteramente por la AEE.

Swain dijo en su decisión que estaba abierta a que se le hiciera una propuesta de mediación que reflejara el consenso de las partes, pero que no iba a ordenar un proceso de mediación con los parámetros que pedía el grupo Ad Hoc.

En el escrito queda claro que la jueza quiere presionar a que las partes se enfoquen y acaben de acordar términos para un plan de ajuste de deuda que se están discutiendo desde antes de la radicación de la quiebra y que quedaron formalizados en el Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración (RSA).

Swain se expresó pocas horas después de que el gobierno anunciara que cancelaba ese RSA de 2019 para reenfocar las conversaciones de restructuración hacia promover la transición hacia fuentes de energía renovable, "respetar el rol del Negociado de Energía en fijar las tarifas de electricidad", "proteger a los pensionados de la AEE", y cumplir con la política pública de la Ley 17 de 2019 sobre la transformación del sistema eléctrico.

En una declaración en apoyo a la cancelación, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dijo que "la pandemia global de COVID-19, el alza en los precios del combustible por el ataque de Rusia a Ucrania y la inflación ascendente han dejado a Puerto Rico con una realidad económica distinta a la de 2019".

"El tribunal espera y reconoce la necesidad de participación pronta y efectiva en cualquier acción necesaria para llevar el caso de quiebra de la AEE a una conclusión apropiada y rápida que sea consistente con la ley y que pueda proveer un mejor futuro a Puerto Rico. Hasta hace poco, las palabras y acciones de la Junta y el gobierno daban razón para esperar que vendría un plan de ajuste pronto y que el proceso no se afectaría con alguna interrupción de los esfuerzos y participación de la Junta. El plan de renuncia de (la directora ejecutiva de la Junta, Natalie) Jaresko es perturbador en ese sentido. El anuncio de la cancelación del RSA presenta el riesgo de retraso significativo en el progreso hacia el reajuste de las obligaciones de la AEE. El tribunal encomia a las partes relevantes a continuar la discusión y buscar una resolución consensuada de los asuntos pendientes", explicó Swain al hacer referencia a la renuncia de Jaresko, efectiva el 1 de abril.

Por tal razón, ordenó a que la Junta "participe de buena fe, de una manera enfocada, en los esfuerzos para negociar y/o determinar los parámetros de un plan de ajuste apropiado para la AEE". Específicamente, concedió hasta el 18 de marzo para que las partes le sometan una propuesta consensuada para la designación de un equipo privado de mediación y hasta el 2 de mayo para: a) presentar un plan de ajuste con todos sus documentos complementarios y una propuesta de calendarización de vistas de confirmación, o b) una hoja con términos detallados para un plan de ajuste, o c) una propuesta de litigio que incluya temas y calendarios, incluyendo la solicitud pendiente para el nombramiento de un síndico liquidador, una alternativa a la que tienen derecho los acreedores, o d) una declaración o memorando de derecho que muestre causa sobre por qué el tribunal no debe considerar la desestimación del caso de quiebra debido a la imposibilidad de llegar a acuerdos dentro del tiempo necesario.

Aunque la jueza no lo ató directamente con el calendario ordenado, uno de los elementos que el tribunal está tomando en cuenta es que el acuerdo del gobierno con LUMA Energy LLC dispone que al operador privado de la red eléctrica se le pagaría una penalidad de $115 millones para terminar su contrato si la deuda de la corporación pública no se ha reestructurado para el 1 de diciembre de 2022.

La moción urgente del grupo Ad Hoc pedía que se ordenara la presentación de un plan de ajuste para el 15 de abril. Similar al plan de ajuste del gobierno central, la participación de la Legislatura surge de la necesidad de crear el mecanismo de repago a los bonistas e identificar su fuente de ingreso. Tanto el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, como el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández, se oponían al cargo de transición que incluía el RSA cancelado que aumentaba la tarifa por la duración del acuerdo y también a que se impusieran cargos incluso a los clientes que optaban por independizarse de la AEE.

Vea:

Gobernador anuncia cancelación del acuerdo de reestructuración de deuda de la AEE

Apoyo en la Cámara a cancelación de reestructuración de deuda de la AEE