Demanda la inició líder sindical de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) que fue asesinado.

La Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro del Estado, Inc. (HEFSE) y la Unión de Médicos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado Corp. (UMCFSE) recurrieron al Tribunal Supremo de los Estados Unidos el miércoles para pedirles que atiendan directamente las violaciones constitucionales que se cometen con la continua aplicación de los Casos Insulares y el trato discriminatorio del Congreso a la isla.

"Este caso constituye una oportunidad para que este tribunal revise la constitucionalidad de los Casos Insulares y la legalidad del status colonial de Puerto Rico", plantea la petición.

El vehículo del argumento es la forma en que, según elaboran, la Ley PROMESA mantiene a los puertorriqueños privados del derecho al voto ya que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) creada por esa ley suplantó los poderes gubernamentales de Puerto Rico con el poder de tomar decisiones fiscales que afectan a toda la población sin que nadie haya votado por ellos ni tampoco votado por los congresistas y el Presidente que pusieron en vigor dicha ley.

Además de un argumento de privación del derecho al voto, los peticionarios le dijeron al Supremo federal que deben atender de una vez y por todas el racismo que encierra la aplicación de la doctrina de poder del Congreso sobre el territorio que se estableció en los Casos Insulares. Estos casos con una serie de casos del Supremo federal que comenzaron hace más de un siglo y en las que se estableció el poder del Congreso para decidir sobre los territorios como quisieran ya que son jurisdicciones domésticas, pero también "extranjeras" con razas distintas a los residentes de los estados.

La demanda de los sindicatos no encontró apoyo en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico ni en el Primer Circuito de Apelaciones. Cuando se presentó en 2018, el reclamo también tenía el respaldo de la Asociación de Empleados Gerenciales del Fondo Del Seguro del Estado (AEGFSE), quienes se retiraron para esta etapa de revisión, y también tenía como demandante al expresidente de la Unión de Empleados de la CFSE, Francisco Reyes, quien fue asesinado en 2019.

La petición llega al Supremo un día después de que ese Máximo Foro judicial en nuestra jurisdicción discutiera a fondo el status de la isla durante la vista oral en el caso de US v. Vaello Madero, que trata sobre el discrimen que enfrentan los residentes de Puerto Rico quienes, solo por vivir aquí y no en un estado, no tienen derecho al programa de Seguro de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI).

En un momento de la vista, el juez asociado Neil Gorsuch planteó que "¿[p]or qué no deberíamos simplemente admitir que los Casos Insulares están incorrectamente decididos... [S]i los Casos Insulares están mal y usted está procediendo sobre una premisa que es inconsistente con ellos, ¿por qué entonces no debemos decir lo que todo el mundo sabe que es cierto?". A lo que el Subprocurador General, Curtis Gannon, quien compareció a nombre de la Administración Biden, contestó aceptando el racismo y xenofobia que encierran esas decisiones, pero no pidió que fueran derogados sino que los jueces resolvieran a favor del poder del Congreso para discriminar con Puerto Rico como territorio por otras bases legales.

La petición sostiene que, en la medida en que PROMESA se basa en el poder del Congreso sobre los territorios, y en el racismo de los Casos Insulares, violenta la Enmienda 13 de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe la esclavitud.

Los sindicatos argumentaron que pueden presentar el reclamo porque, a través de PROMESA, la JSF les ha privado de su propiedad y derechos al alterar sus condiciones de empleo y de negociación colectiva. Además, como residentes de Puerto Rico, alegan que todos los puertorriqueños sufren daños por las medidas de austeridad impuestas por el ente fiscal.

"El status de Puerto Rico como un territorio no incorporado ha sido el arma del Congreso para discriminar en contra de sus residentes y tratarlos diferente en comparación con los residentes de los estados de la Unión... Es notable que los Estados Unidos era un conglomerado de 13 colonias británicas. Como tal, la gente que vivía en esas colonias sufrió los mismos daños que los peticionarios reclaman en este caso y que llevó a los Estados Unidos a luchar con Inglaterra para obtener su libertad. De tal manera, es completamente contradictorio, y una acción imperial, el que el Primer Circuito haya dicho que los peticionarios no tienen capacidad legal para vindicar sus derechos políticos y su derecho a la autodeterminación", concluye el documento sometido al Supremo federal.

Para ver la petición ante el Supremo federal, pulse aquí.

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